El caso del Gral. Cienfuegos, un asunto de Estado y seguridad nacional

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El pasmo que causó el arresto el pasado 16 de octubre del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto en 2012-2018, ha dado paso a la indignación por el paquete de pruebas y ya se convirtió en un asunto de Estado y de seguridad nacional para México.

El paso que dio el Senado de la república el 6 de noviembre, tres días después de las elecciones presidenciales en los EE. UU., al exigirle el embajador Landau datos sobre el caso fue el primer avance para situar la lectura del caso en un enfoque de relaciones bilaterales: el general Cienfuegos está en activo, forma parte de un grupo de asesores del actual secretario de la Defensa y por su cargo posee información delicada de seguridad nacional de México.

Pero lo más grave es que la acusación podría caerse por la fragilidad de los cargos, la forma ilegal de acopio de pruebas y sobre todo la interpretación de algunos indicios. La banda del H-2 es muy menor, no trafica tanta droga como dice la DEA, su espacio de operación no aporta los millones de dólares que dicen y la DEA violó las leyes mexicanas para obtener indicios. Y al final, la identificación del general Zepeda como el supuesto Padrino de la banda del H-2 fue más de una mala película de espías, cuando menos como lo narró con seriedad el The new York Times en un reporte especial.

Aunque los lectores con seguridad saben del contenido de la carta del Senado al embajador estadunidense Landau, su lectura íntegra aporta datos para un repaso estratégico:

  1. ¿De cuál delito o cuáles delitos se acusa al General Salvador Cienfuegos?
  2. ¿Cuáles son los datos de prueba con que cuentan para la imputación? Favor de describirlos
  3. ¿Cuáles fueron las razones para no informar a las autoridades mexicanas en la materia sobre la posible detención, tomando en consideración la importancia que tiene este tipo de investigaciones de acuerdo con el marco jurídico vigente para el intercambio de información y colaboración en investigaciones entre México y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Asistencia Jurídica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, los memorandos de entendimiento entre las agencias de investigación en materia de procuración de justicia y seguridad , así como el marco jurídico internacional en la materia? En caso de sí haber informado, ¿en qué fecha y a través de cuáles autoridades se compartió está información?
  4. ¿En el curso de la investigación que se lleva a cabo en los Estados Unidos de América, hubo intervención directa de agregados de alguna agencia en materia de procuración de justicia que haya recabado información directamente de nuestro país? En caso afirmativo, que las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América informen a partir de qué fecha dio inicio la información que sustentó la investigación y que motivó la orden de captura obsequiada por un juez en los Estados Unidos de América.
  5. ¿Cuál es la calidad de los testigos que deponen en contra del acusado? ¿Son testigos protegidos? ¿Colaboradores? ¿Son testigos de oídas o presenciales? ¿Qué es la persona que declara, señalando al general Cienfuegos: «ahí está el padrino»? ¿En qué circunstancia y condición hizo esa declaración?
  6. ¿En qué institución del sistema judicial norteamericano se está llevando el caso? ¿Cuáles son los siguientes pasos del proceso?

Sin juicios de valor, las fuerzas políticas del Senado, un organismo que tiene participación en la política exterior mexicana, tocaron los nervios sensibles del caso, sobre todo por el papel agresivo, ilegal y violatorio de leyes mexicanas de la agencia antidrogas de los EE. UU., la famosa DEA, sin cuyo concurso el tráfico de drogas no existiría.

El general Cienfuegos ha recibido el apoyo de instituciones, personas y medios por la calidad moral de su comportamiento y todos han dudado de que hubiera podido proteger a una banda delictiva de poco nivel mientras combatía, al frente de las fuerzas armadas, a los grandes cárteles mexicanos que ya están instalados dentro de los EE. UU. por la complicidad y la corrupción de autoridades estadunidenses.

Por el nivel del general Cienfuegos, las acusaciones en su contra debieron ser más serias, más profesionales y sobre todo más contundentes. Pero el expediente se basa en el gelatinoso concepto judicial estadunidense de conspiración, en el que cabe todo.

La importancia de la carta del Senado radica en el frente común de todas las fuerzas políticas mexicanas, la urgencia de que México regrese al general Cienfuegos y la necesidad de replantear los acuerdos bilaterales para la operación clandestina, ilegal y activa de las agencias de seguridad nacional y espionaje de los EE. UU. más allá de los limites fijados por los propios acuerdos.

Pero lo más grave es que un jefe del ejército mexicano arrestado en los EE. UU. por una agencia menor, con cargos no claros y con violaciones a la ley representa una crisis de seguridad nacional de México y un conflicto diplomático entre las dos naciones.

Zona Zero

  • A pesar de las irregularidades en sus operaciones en México, la DEA sigue desarrollando operativos en México sin cumplir con los limitantes de las leyes. Nada mal estaría que hasta aclarar el caso del general Cienfuegos el gobierno mexicano congele las operaciones de la DEA en México, sobre todo si siguen interceptando teléfonos sin órdenes de jueces.
  • Hasta donde se tienen indicios, la nueva secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se ajustará al modelo presidencial de construcción de la paz, aunque le dará un sello propio. La funcionaria se ha destacado por su coherencia, su honradez y sobre todo su decisión de hacer cumplir las jerarquías. Hasta ahora, los primeros datos indican que tiene muy buena comunicación y reconocimiento de las fuerzas armadas que participan en labores de apoyo a la seguridad pública.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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