Día Cero: La 4T, la Guardia Nacional, Ayotzinapa… ¿Crisis en las relaciones cívico-militares de México?

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*Juan Manuel Aguilar Antonio

El sexenio de la cuarta transformación pasará a la historia reciente de México como aquel que más ha tensado las relaciones cívico-militares en los últimos años. El desarrollo del proyecto político del presidente ha estado marcado por una extensión de facultades de las Fuerzas Armadas, que llevaron las labores del Ejército más allá de la esfera de la seguridad pública.

También, por un fuerte debate en torno a la creación de la Guardia Nacional que ha confrontado principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la ciudadanía. Por último, qué decir de eventos como la aprehensión del General Salvador Cienfuegos, y las acciones diplomáticas y de rescate ejecutadas para regresar exonerado al ex titular de la SEDENA. Así como la reciente publicación del Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y la Justicia, liderado por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y una gran cantidad de OSCs, entre las que destaca el Centro ProDH.

En el marco de este debate, hace falta recapitular y analizar algunos de los episodios que están enmarcando esta crisis:

El deterioro de la imagen de las FFAA al hacer suyas la responsabilidad de la seguridad pública: el próximo 11 de diciembre estaremos por cumplir 16 años de que las Fuerzas Armadas salieron a las calles en el marco de una estrategia de combate al crimen organizado en México. En los hechos, dicha acción ha causado una crisis conceptual, entre lo que son labores de seguridad pública y nacional, ya sea tanto por los operadores de gobierno, como por los medios de comunicación, qué decir de los niveles subnacionales de gobierno estatal y municipal.

Del mismo modo, con la anexión de la Guardia Nacional estaríamos en el epítome de difuminar las diferencias conceptuales entre los dos términos. Haríamos completamente responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional los resultados en materia de seguridad pública. ¿Qué pasaría si el ejército no encontrará las respuestas o las estrategias para resolver los problemas de la crisis de violencia y la complejidad de las redes del crimen organizado? ¿Cuál sería el nuevo paradigma para la seguridad pública en los siguientes años? ¿Cómo afectaría a las FFAA el asumir una tarea que no era en concreto su responsabilidad y en la que tengan que asumir todos los costos en dicha materia? En definitiva, los gobiernos subnacionales y las alternativas civiles se están acercando, pero mal haría en asumir el ejército a la seguridad pública como una completa responsabilidad suya, sin la interacción y el compartir responsabilidad con otros actores.

La confrontación con las OSC por extensión de facultades de las FFAA. El tema que más ha permeado en los últimos años en la agenda política de las OSCs, es el de criticar un proceso de militarización o militarismo, vinculado a una extensión de facultades de las FFAA, más allá de la seguridad pública. Por ejemplo, en marzo de 2021, Frida Ibarra escribió en el Blog de Seguridad y Paz de Nexos que ya eran facultades de las FFAA las siguientes cuatro esferas de gobierno: seguridad pública, contención de la migración, control de Puertos y Aduanas, atención a la emergencia sanitaria por COVID19. Del mismo modo, COPARMEX indicó que ya habían asumido trece tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre las que se encontraban: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar), capacitación policial, apoyo y distribución de programas sociales, control de puertos y aduanas, combate al robo de hidrocarburos, control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19 y la distribución de vacunas.

Si bien esta ampliación ha estado acompañada de un empoderamiento y un incremento presupuestal de las Fuerzas Armadas, también lo ha estado de un asedio y confrontación política y en medios de comunicación por parte de las OSCs. De continuar el ejército asumiendo labores ajenas a su naturaleza vinculadas a la seguridad nacional, corren más el riesgo de ser más criticados por desempeñarse en labores que no son de su naturaleza, o completamente su responsabilidad. En ese sentido, de continuar en está dinámica, nuevos espacios de confrontación se abrirán para la institución. Que inevitablemente, pueden venir en un demérito en su imagen.

III. El caso Cienfuegos y el Informe de la Presidencia en torno a Ayotzinapa: el presidente López Obrador ha tenido que enfrentar una serie de sucesos que no dan claridad en torno a sus posturas y el apoyo que pueden esperar de él diferentes organismos de la estructura del Gobierno Federal. Del mismo modo, la naturaleza de la alianza y los grupos políticos que llevaron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), eran de una naturaleza antagónica, que prevenían que una crisis de gobernabilidad al interior del gabinete. No podemos negar que López Obrador como candidato dijo públicamente que recurrir a las Fuerzas Armadas para atender la seguridad pública no era la respuesta. La misma Ley de la Guardia Nacional dio como límite el año 2024, como periodo de cinco años para la consolidación de la institución y sacar al ejército de las calles. Por la gran pregunta que nos atiene…¿por qué esta condición debe enfrentar a la sociedad civil y las FFAA?

La sucesión de eventos del sexenio se vio acompañado del caso Cienfuegos, que puso en entredicho la honorabilidad de las FFAA, así como su posible vinculación con grupos del crimen organizado. Y de no recurrir a un rescate al ex titular de las SEDENA, los elementos del ejército mexicano se hubieran sentido traicionados a razón de que una persona en la más alta jerarquía de la institución era susceptible de recibir dicha sanción, sin que el gobierno mexicano interviniera directamente.

No obstante, la publicación del Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y la Justicia por parte del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, así como la notificación Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos, posiblemente implicados en el Caso Ayotzinapa, dónde se incluía el nombre del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, al momento de los hechos saltan de nuevo estos focos rojos. Cómo consecuencia, el pasado 23 de septiembre vivimos un inédito ataque al Campo Militar 1 de la SEDENA, en el que resultaron lesionados 39 elementos: 21 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 13 de SEDENA y 5 de la GN. Este hecho es inédito y marca una clara confrontación de actores civiles en contra de las FFAA en nuestro país que no se veía en décadas. Con lo cuál se ve que está llegando a excesos no antes vistos las tensiones entre la sociedad civil y el ejército.

Sin lugar a duda, el presidente López Obrador con su política, o su ausencia de esta, no está dando certeza ni a las Fuerzas Armadas, ni a la sociedad civil. Mal hace el jefe del ejecutivo en no atender una política de diálogo y conciliación que dé certeza a todos los sectores del gobierno. Más cuándo todo nos devela cómo se están exaltando los antagonismos entre estos dos sectores que comprometen la estabilidad de las relaciones cívico-militares en nuestro país.

*Twitter: @Travelerjm