Este jueves fue detenido un médico del Hospital General de Iztapalapa, de la Secretaría de Salud capitalina, quien fue acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal a la que además le negó el servicio de hemodiálisis para evitar ser denunciado por los hechos. Luego de su captura, fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Se trata de Agustín “N”, de 45 años, médico nefrólogo egresado de la UNAM y que también laboraba para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estuvo prófugo durante varios meses, hasta que fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina, en cumplimiento de la investigación CI-FSP/B/ UI-B-2C/D/04263/11-2018D03 por el delito de violación agravada, la cual fue abierta desde 2018 y estuvo a punto de ser archivada.

Sin embargo, el pasado viernes, el juez de Control Federico Mosco González, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), le impuso una prisión preventiva oficiosa durante la audiencia inicial por violación agravada contra de Wendy “N”, de 21 años, en abril de 2018.

En el expediente constó que bajo engaños la llevó a la clínica 120 del IMSS, para supuestamente practicarle algunos estudios para descartar una infección intestinal por salmonela, debido a que la paciente presentaba un cuadro de diarrea.

Sin embargo, cuando la víctima llegó al lugar, el presunto delincuente salió de uno de los consultorios, verificó que nadie estuviera presente y la jaló al interior para ultrajarla, sin que ésta pudiera defenderse, debido a la debilidad que tiene a causa de su enfermedad. Por si fuera poco, la la víctima quedó embarazada, pero por su fragilidad tuvo un aborto espontáneo.

Mirna Moreno, abogada de la víctima, dijo que el exdirector de dicho hospital, Benjamín Ortega Romero, tuvo conocimiento de la violación y del aborto y no actuó contra el presunto responsable bajo el argumento de que era el único nefrólogo, jefe de Servicios de Hemodiálisis, que tenía.

También indicó que las autoridades fueron notificadas desde el 15 de octubre de 2018, cuando  se informó del caso al exjefe de Gobierno José Ramón Amieva, quien remitió la denuncia a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para iniciar la investigación.

La abogada agregó que también fue informada del caso la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, así como de otras al interior de dicho hospital.

Sin embargo el expediente de Wendy “N” se quedó rezagado y sin avances durante varios meses, hasta que obtuvo pruebas suficientes para solicitar al Ministerio Público que las contemplara en la investigación.

En la investigación de la abogada, detectó al menos otros tres casos de pacientes atendidas en el área de hemodiálisis del hospital le revelaron las agresiones de las que fueron víctimas y que en mayo de este año el hoy imputado dejó de trabajar en este hospital. Desde ese mes no se le volvió a ver, hasta que el jueves pasado agentes de la Policía de Investigación lo detuvieron.

La defensa del imputado pidió la duplicidad del término legal, por lo que será hasta este miércoles cuando continúe la audiencia y el juez decida si lo vincula a proceso.