La vendimia en el puerto de Acapulco, Guerrero, ya no es la misma de otros años, pues 2 mil 800 comercios han cerrados al no poder pagar las cuotas de parte del crimen organizado, según Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), reclamó.
El titular de la Canaco incluso detalló el tabular delictivo que impera en la zona turística, que van desde los 5 mil pesos a pequeños negocios, hasta los 30 mil mensuales para grandes restaurantes o centros nocturnos.
Según información dada a conocer por el diario El Debate, entre los negocios más afectados por el derecho de piso son los bares, discotecas, ferreterías, abarroteras, distribuidoras de material para la construcción, farmacias y negocios con gran afluencia de clientes.
Lo peor del caso, según Alejandro Martínez es que el delito de extorsión no es un delito grave por lo que no hay condiciones jurídicas, ni de seguridad para que los comerciantes denuncien estas extorsiones.
