La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de Recomendaciones a autoridades federales y estatales, por varios casos de abusos al interior de los diferentes reclusorios del país.

En un comunicado, el organismo indicó que emitió las Recomendaciones 10/2020 y 11/2020 dirigidas a los Gobernadores de los estados de Tabasco y Quintana Roo, sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres recluidas en cárceles de dichas entidades.

De acuerdo con los Diagnósticos Nacionales 2018 y 2019, las mujeres que están recluidas carecen de espacios dignos y servicios específicos para su atención, por lo que reiteraron la necesidad de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil en cada entidad federativa.

En referencia a las penitenciarías de los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo en Tabasco; así como de Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, la CNDH detalló que estos penales alojan a presos de ambos sexos, sin las condiciones mínimas de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas.

Por lo anterior, solicitó que los gobiernos de dichos estados deberán, a la brevedad, ejecutar políticas públicas para construir un centro femenil de reinserción social o mínimamente, considerar la existencia de dos direcciones independientes en los denominados centros mixtos (una femenil y una varonil), y que haya una separación física, clara y total entre las mujeres y hombres privados de la libertad en dichos centros penitenciarios.

Además, se debe capacitar en materia de derechos humanos y asignar una partida presupuestaria para ampliar la plantilla de personal directivo, técnico y operativo de los centros de penitenciarios mixtos visitados, para que haya mujeres atendiendo los penales femeninos, así como personas menores de edad.

Adicionalmente, emitieron la Recomendación 12/2020 al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, sobre la falta de atención médica especializada oportuna y tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la muerte de una persona en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.

Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2016, cuando la víctima ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit proveniente de otra cárcel. Allí se le hizo una historia clínica y se le diagnosticó con probable daño orgánico cerebral por uso de sustancias tóxicas.

Sin embargo, desde esa fecha y hasta el 6 de marzo de 2019, únicamente fue valorado en siete ocasiones por el Servicio de Psiquiatría, además de que no recibió los medicamentos prescritos, lo que implicó un grave riesgo para su salud, lo que provocó que se suicidara el 18 de marzo de 2019.

“El hecho de privar de libertad a una persona implica siempre el deber irrenunciable de proveer atención médica adecuada, la cual incluye medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, obligación que no sólo recae en el personal de salud, sino que depende fundamentalmente de la administración penitenciaria y de aquellas autoridades responsables de diseñar las políticas de salud pública y de asignar los recursos necesarios para implementarlas”, finaliza el reporte de la CNDH.