El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un amparo para evitar que el gobierno de México no solicite a EEUU la petición formal de extradición, luego de ser detenido en la ciudad de Miami, Florida.

El documento reclama la legalidad de la orden de aprehensión librada en su contra y la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional.

El amparo fue emitido por la jueza María Dolores Núñez Solorio, titular del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México y menciona que la solicitud fue presentada vía electrónica y es válida, además que se solicitó a la apoderada legal del expriísta  que acredite la personalidad con la que se ostenta en la demanda.

Duarte Járquez fue detenido el pasado 8 de julio en Miami por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) que cumplimientaron una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, EEUU, luego de tres años de permanecer prófugo.

El 8 de octubre de 2019, la jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró orden de aprehensión contra César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, posteriormente, el 18 diciembre, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar formalmente la extradición a EEUU.

Contra el exgobernador existen al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía de Justicia (FGJE) de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, que presuntamente se utilizó para las campañas electorales del PRI.

A nivel federal enfrenta una acusación por peculado electoral por 14 millones de pesos, acusación que le imputó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), porque retuvo un porcentaje de los salarios de los trabajadores del gobierno del estado para entregárselos directamente al PRI.