Austeridad paralizará operación y afectará a miles de víctimas: CEAV

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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió este martes un comunicado en el que advirtió que el Decreto de medidas de austeridad en la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 por el gobierno Federal, “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, por falta de recursos.

“Esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

Sin embargo, advirtió: “en comparación con cualquier otra dependencia del Gobierno federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento”, debido a que no tiene propiedad sobre pues ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayoría de sus servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado “de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”.

Por si fuera poco, tiene 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, heredados por administraciones anteriores.

Esta Comisión se encuentra protegida en los términos del numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin embargo se redujo en  75 por ciento su gasto corriente, equivalente a 139.4 millones de pesos y sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos para su operación, por lo que resta del año, ascienden a 121.9 millones de pesos.

Posteriormente ejemplificó cuáles serán los efectos del recorte a su presupuesto para  operar, en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales:

  • El recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación
  • No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en los estados
  • Se incumplirán 43 contratos por 121.9 millones de pesos, que probablemente provocarán detonará demandas por incumplimiento, con pasivos millonarios para el Estado
  • Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras
  • Desaparecerá el área de traslados, que realizaba 9 mil 862 viajes anuales para que las víctimas acudieran a las audiencias ante el Ministerio Púbico, Juzgados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o diligencias de búsqueda y tampoco contarán con el apoyo de asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales durante dichas diligencias
  • La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría legal a mil 874 víctimas al año, y no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
  • Se dejará de atender a 7 mil 200 víctimas que mensualmente en los 32 Centros de Atención Integral distribuidos en todo el país. Estos sitios les brindaban atención psicológica, social, médica y orientación jurídica
  • El área jurídica no tendrá recursos para defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento–, así como todos los asuntos laborales que han sido promovidos contra la CEAV, lo cual provocará incumplimiento de sentencias y consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá más ayudas en alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones, para las víctimas o sus familias.
  • No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual provocará que las víctimas no puedan acceder a la compensación
  • No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos, ni será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
  • Quedarán pendientes mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, que incluyen recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros
  • Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo nacional de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.
  • Desaparecerá el área que administra el RENAVI que atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales
  • Se perderá el control del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fortalecer el control interno
  • Permanecerá el retraso en la atención de solicitudes en materia de transparencia, debido a la desarticulación del área responsable
  • La Oficialía de Partes ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, Fiscalía General de la República (FGR), Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras, en un promedio de 150 a 200 solicitudes al día
  • Se suspenderán los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral
  • Se cancelará la campaña de posicionamiento de la CEAV y la estrategia de comunicación digital, para presentar los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.

Ante estas limitaciones, el organismo afirmó que mantendrá su compromiso “con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”.