El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó alianzas con grupos criminales dedicados a la venta de droga al menudeo, extorsión, secuestro e, incluso, robo a transporte público en la Ciudad para coordinar el atentado del viernes pasado contra el Secretario de Seguridad Cudadana (SSC), Omar García Harfuch, que dejó como saldo tres muertos, cinco heridos y 19 detenidos, la mañana del viernes.

El avance en la investigación señala que participaron integrantes de La Unión Tepito, del Cártel de Tláhuac y del grupo ACME, un grupo de reciente creación que opera en la alcaldía Gustavo A. Madero, que proporcionó vehículos, bodegas y casas donde los sicarios estuvieron prepararon el ataque.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, operador de confianza del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ordenó el atentado y destinó varios millones de pesos para la compra de armamento, vehículos, renta de inmuebles y pago a los sicarios.

“El Tarjetas”, quien es jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, envió a José Armando “N”, “El Vaca”, para que ejecutara el ataque contra García Harfuch. Desde el 9 de junio inició la compra de vehículos con dinero en efectivo, además de armamento como cinco fusiles Barrett, un lanzagranadas, 34 armas largas automáticas y 51 bombas molotov.

Además, todos los detenidos han declarado que todos dijeron ser albañiles, artesanos o campesinos para evitar investigaciones hacia estos grupos criminales.

Sobre el Grupo ACME la investigación asegura que se dedica al robo de transporte público, a transeúnte y a casa-habitación, y apenas en febrero pasado empezaron con la venta de drogas al menudeo, ocupando puntos de distribución que pertenecían a La Unión Tepito, tras aliarse con el CJNG en busca de expandir su actividad ilícita.

En una bodega perteneciente a esta banda salió la camioneta con logotipos de Grupo CARSO, que le cerró el pasó al convoy de García Harfuch en las Lomas de Chapultepec. Mientras que la gente de La Unión de Tepito hizo el trabajo de halconeo. El Cártel Tláhuac proporcionó personal y lugares donde se resguardarían los sicarios contratados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac— por la facilidad que les daba la zona para escapar.

La madrugada del domingo y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los 12 sicarios detenidos por el atentado fueron trasladados al Reclusorio Sur y posteriormente se trasladó a los cinco capturados en Tláhuac, entre ellos “El Vaca”, señalado como autor intelectual del atentado. Finalmente dos mujeres y trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla.

Todos están acusados de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez calificó de legal la detención de los 12 individuos y ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar a partir de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto.

El juez fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria.

Por lo que respecta a los dos detenidos en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) aún no define su situación jurídica.

La FGJ también investiga si hay complicidades o algún infiltrado dentro de la SSC que pudiera ayudar a los sicarios a preparar el atentado. Entre las investigaciones se indagan las comunicaciones de teléfonos de radiofrecuencia del personal de la dependencia y personas externas que pudieran tener acceso a estas estructuras de información.

Las pesquisas incluyen a proveedores y personal externo que realiza trabajos de informática en la corporación que hayan tenido conocimiento de la logística del García Harfuch y que permitieron a los agresores elegir tres lugares de actuación: en Monte Blanco y Explanada, el cruce de Monte Blanco y Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec y en las calles Hamburgo y Florencia, en la colonia Juárez, donde fue abandonada una de las camionetas que presuntamente utilizaron las cerca de 30 personas que participaron en el atentado.

En la medida que se revisen teléfonos, comunicaciones y cuestiones de logística se establecerá qué otros vínculos externos había, no sólo con policías, sino con empresas proveedoras, señaló la FGJ.

Las fuentes informaron que se integra una carpeta muy sólida en la que se incorporarán otros delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, por lo que se trabaja con la Fiscalía General de la República.