Ampliar catálogo de delitos que ameritan prisión abarrotaría cárceles

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Autoridades del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), estiman que la población recluida en Centros de Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se duplicará en los siguientes meses. La reforma al artículo 19 Constitucional, que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, provocaría un incremento de cerca de 18 mil reos que hay actualmente a  hasta 38 mil, que es la capacidad máxima de los centros de detención.

Ante la situación, las autoridades federales alistan nuevas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los internos y personal administrativo que labora en los 17 Ceferesos que hay en el país.

El general Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de estos centros de reclusión, reconoció que deberán prepararse para el impacto de esta reforma constitucional: “efectivamente se va a tener un impacto en la población penitenciaria de los Centros Federales, sin embargo la capacidad que tenemos instalada en los centros es de entre 31 mil y 38 mil reclusos aproximadamente, por lo que podremos resolver esta problemática».

En entrevista con el portal “La Silla Rota” el funcionario federal explicó que delitos como: portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, robo de combustible, corrupción y delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, a transporte de carga y desaparición forzada, originarán el aumento de la población penitenciara.

El pasado 19 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que permite ampliar los delitos que ameritan esa medida. Previamente, la constitución sólo contemplaba la prisión oficiosa en nueve delitos: delincuencia organizada y contra la salud, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, contra la seguridad de la nación, así como contra el libre desarrollo de la personalidad.

La reforma fue aprobada desde el 19 de septiembre y todavía se discute en los congresos estatales para emitir el decreto correspondiente sobre la ampliación del catálogo de delitos.

“Tenemos ya autorizado, un presupuesto acreditado de reclutar aproximadamente a mil 500 personas. Estamos en ese proceso de reclutamiento y esperamos que tengamos suerte en recibir a ese personal», agregó el funcionario federal. Este reclutamiento inició en diciembre en el estado de Durango, en una convocatoria que incluye también a personal administrativo, médico y legal.

«No tenemos proyectado adquirir mayor equipo, aunque probablemente se incremente el número de binomios caninos», abundó. “Hasta ahorita tenemos una seguridad en todos los centros federales. No vemos la forma de que alguien pueda evadirse. La vigilancia es muy estrecha y contamos con el apoyo de las autoridades estatales y fuerzas federales».

De acuerdo al OADPRS, al 28 de febrero de 2019 se tenían registrados a 17 mil 737 internos procesados o sentenciados en alguna de las 18 presiones federales del país, contando las Islas Marías, que ya dejaron de operar como penal.

De ellas, tres prisiones estaban a punto de llegar a su máxima capacidad: El Cefereso No. 1 Altiplano; el 2 Occidente, así como el Cefereso 7 Nor-Noroeste. Además, con el cierre de las Islas Marías, la capacidad penitenciaria federal pasó de 37 mil 658 a 32 mil 552 reclusos.

Hasta el pasado 28 de marzo los delitos por los que estaban bajo proceso o sentenciadas las personas recluidas en cárceles federales, se concentraba en delincuencia organizada y contra la salud, mientras que los delitos de posesión, portación o uso de armas de fuego, cartuchos y municiones de uso exclusivo del Ejército, eran mínimos.