Con el propósito de “estar mejor coordinados en la tarea de garantizar la seguridad marítima y a la vez, investigar y procurar justicia respecto a delitos cometidos en las zonas marinas mexicanas”, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina firmaron el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera.
La firma del convenio de colaboración tiene como propósito dar mayor certeza jurídica en el actuar del Personal Naval que participa en el desarrollo de las operaciones que le competen a la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera.
Asimismo, define las atribuciones y participación del personal de la Secretaría Marina en el desempeño de funciones de Guardia Costera, con la finalidad de cumplir con los requisitos necesarios para actuar de manera coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los derechos humanos y en apego a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.
Según las propias autoridades, “de esta manera, se han definido los requisitos necesarios para la legal puesta a disposición de quienes infrinjan la ley en las zonas marinas, costas y recintos portuarios mexicanos.
Es así como, “el actuar de nuestros marinos navales tendrá mayor transparencia y legalidad, lo que se traducirá en mayor seguridad para el sector marítimo nacional. Todo ello, en franca coordinación y colaboración con las autoridades responsables de la seguridad pública y procuración de justicia”, explicó el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón.
En su discurso, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, celebró que “hoy suscribamos el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera. Con éste, tanto el personal naval, garante de la seguridad en superficies marítimas, como el personal de la Procuraduría, responsable de la investigación y persecución penal, podrán activar un protocolo de actuación que establece las acciones a realizar ante la comisión de un delito”.
“Traduciéndose en certeza jurídica para el personal naval y contribuyendo a una investigación eficaz y eficiente de los delitos que se cometen en zonas marinas mexicanas, costas y puertos”, concluyó.
Señaló que “estamos hablando de cómo enfrentar las amenazas a la seguridad pública, que representan la trata de personas, la piratería, el tráfico ilícito de drogas, armas, migrantes, flora o fauna silvestre, entre otros delitos, cometidos en los más de 3 millones de kilómetros cuadrados que abarca la superficie marítima del Estado mexicano”. En este contexto, resaltó, es muy importante tener certeza jurídica y claridad en nuestras competencias, para generar sinergias en el combate a la delincuencia marítima bajo el sistema penal acusatorio.
