El Tribunal Supremo español aprobó de manera unánime exhumar los restos mortales del dictador Francisco Franco, quien gobernó de manera autoritaria el país entre 1939 y 1976, y que actualmente yacen en el mausoleo del Valle de los Caídos. El objetivo es que sean conducidos al cementerio público de Mingorrubio, en el monte del Pardo, donde su descendencia lo colocará en un nicho.
Se trata de una estrategia del gobierno del presidente Pedro Sánchez para transformar el mausoleo construido por el mismo Franco como una exaltación a su régimen y da cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica.
Por su parte, la familia del dictador anunció que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente determinará si se mueven o no los restos de Franco.
La medida se trata de un avance en la primera medida presidencial de Pedro Sánchez, quien al asumir su cargo anunció de la exhumación inmediata de Franco del Valle de los Caídos, para que ese sólo conmemorara a los combatientes muertos en la Guerra Civil y en aras de la reconciliación, pues es un lugar de culto para el franquismo y sus características fascistas.
La decisión generó una controversia legal, por lo que la decisión se retrasó hasta que el Alto Tribunal español debió intervenir para tomar una decisión, sobres el destino de los restos del ex dictador.
La decisión unánime permite proseguir con el traslado del cuerpo de Franco a un cementerio civil y basó su decisión en la necesidad de evitar un perjuicio irreparable a los recurrentes a los restos y al monumento, en caso que un revés legal ordenara el regreso del cuerpo al lugar.
Por su parte, la familia de Franco ha considerado varios lugares para depositar nuevamente los restos, como el cementerio de la catedral de la Almudena, en Madrid, al tiempo que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, en defensa de su derecho a enterrar los restos mortales donde decidan y no donde les indique el gobierno español.
Las autoridades españolas adelantaron que ya está todo listo para la exhumación y que se llevará a cabo previsiblemente antes de las elecciones del 10 de noviembre. La vicepresidenta, Carmen Calvo, negoció con la iglesia católica para que no se opusiera al traslado de los restos, ya que están colocados al interior de una capilla.
También se comprometió a que la ceremonia se hiciera rápidamente “porque es lo que nos pide la sentencia, y además porque mejor que esté lo más lejos posible de la campaña electoral”.
