Se trata del decreto del presidente de Brasil, Michel Temer, que autorizó la intervención federal en el área de seguridad de Río de Janeiro, con lo que ha entregado a los militares la tarea de acabar con una ola de violencia que está desangrando a ese estado desde hace meses.
«No podemos seguir aceptando pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable que estemos enterrando madres y padres de familia, trabajadores, policías, niños y niñas, y que veamos barrios enteros sitiados, con sus escuelas bajo la mira de fusiles», dijo Temer tras firmar la medida, inédita en la historia de Brasil.
Tan histórica es la medida, que es comparada con la dictadura militar de 1964-1985 y especialistas alertan que poner al mando a los militares podría reducir la violencia a corto plazo pero podría también degenerar en el uso excesivo de la fuerza.
El decreto, ya en vigencia y en espera de confirmado por el Congreso esa semana, fue firmado por el presidente Michel Temer bajo la frase: es una «medida extrema para devolver el orden a la situación nacional».
«La delincuencia organizada casi se apoderó del estado de Río de Janeiro. Esta es una metástasis que se está extendiendo en nuestro país y amenaza a nuestro pueblo. Por eso decidimos la intervención», sentenció.
En respuesta, opositores aseguran que el cambio ocurre en momentos en que la popularidad del presidente brasileño ha caído a una tasa porcentual de un solo dígito y mientras su impulso para aprobar la reforma del sistema de pensiones parece estar fracasando. Muchos analistas y legisladores vieron la decisión como una forma de desviar la atención de sus problemas políticos.
Estrategia política o no, Río de Janeiro vivió en 2017 un año de una creciente e indiscriminada violencia urbana que causó 6 mil 731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y casi una decena de niños, la mayoría como daño colateral.
