En 30 días el gobierno italiano decidirá si extradita a Tomás Yarrington a los Estados Unidos o lo deja en libertad, de acuerdo a la sentencia número 14941/18 de la Sexta Sección Penal del Tribunal Supremo italiano. Con esto, los tribunales de ese país rechazaron la solicitud de extradición interpuesta por México “por considerarla un peligro” para el exgobernador de Tamaulipas.
El más alto tribunal italiano considera que en las cárceles mexicanas existe “una situación crónica, constante y sistemática de violación de los derechos humanos, tanto por la violencia que sufren los presos y por los graves crímenes cometidos dentro de ellas, como por las condiciones de detención”, que consideran de “alto riesgo” para la seguridad personal de Tomas Yarrington, pues no contaría “con una protección adecuada del gobierno mexicano”.
En cuanto a la solicitud de extradición de los Estados Unidos, la Corte rechazó el recurso presentado por la defensa del exgobernador para no ser procesado en ese país, pues los acuerdos bilaterales que existen entre Italia y Estados Unidos permiten la ejecución de una extradición sin una evaluación previa de la culpabilidad o no del imputado.
La Unión Americana pidió la extradición de Yarrington por al menos 11 delitos por presuntos negocios con el cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva, y la pena podría ser incluso de “cadena perpetua”.
La exposición de motivos de la sentencia del Tribunal Supremo italiano afirma que “las investigaciones realizadas en los EEUU habrían demostrado la participación del imputado en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, utilizando grandes sumas de efectivo”. Por lo que al ser extraditado, Yarrington tendría que afrontar la justicia estadounidense.
Ahora el Ministro de Justicia de Italia está obligado a decidir sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos, en un plazo de 45 días contados a partir del día 26 de febrero (fecha de publicación de la sentencia), de acuerdo al artículo 708 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, ese mismo artículo establece que si en ese plazo el gobierno de Italia no emite una decisión a través de su ministro de Justicia, el imputado podría salir en libertad.
