Desde el pasado lunes Managua se ha convertido en un enorme altar para las víctimas de la violencia de la semana pasada, cuando miles de personas salieron a las calles contra la reforma al Seguro Social promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien reprimió con dureza las protestas.
Centenares de personas se reúnen cada día en puntos céntricos de la capital para improvisar altares y llorar a los muertos, una cifra que va en aumento. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha confirmado la muerte de unas 38 personas, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) habló el jueves de 63 muertos. La cifra puede aumentar debido a las denuncias de personas desaparecidas.
Esto es suficiente para considerar los hechos como el episodio más sangriento de la historia reciente de Nicaragua. Por su parte, la Fiscalía anunció que abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido la semana pasada, cuando iniciaron las manifestaciones.
Dado el control del mandatario en todas las instituciones del Estado, el anuncio de la Fiscalía carece de garantías de imparcialidad. Aunque Ortega dio marcha atrás con las reformas, las manifestaciones continúan en Managua y otras ciudades del país con centenares de nicaragüenses que exigen castigo a los culpables de lo que definen como una «masacre», el fin del régimen de Ortega, una «salida ordenada» del Ejecutivo y la instauración de un gobierno provisional.
Ortega convocó a un diálogo nacional para solucionar la crisis y pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que actúe como mediadora. Los obispos han mantenido jornadas intensas para convocar a personalidades del país a que participen, aunque han advertido de que no puede haber diálogo sin un compromiso del Gobierno para esclarecer la violencia de la semana pasada.
«El diálogo nacional es un riesgo», dijo Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas contra la actuación de la Policía Nacional durante las manifestaciones. «Los Obispos solo buscaremos lo mejor para Nicaragua. Que los criminales que han asesinado y torturado a nuestros jóvenes no piensen que el diálogo nacional será un manto de impunidad. Ante todo verdad y justicia», advirtió el obispo.
La CEN anunció una «peregrinación» nacional este sábado y ha convocado a todas sus parroquias a marchar en la capital, para lo que ha solicitado al Gobierno que se les permita contratar a autobuses del transporte público. Se espera que esta manifestación sea tan masiva como la del lunes, cuando decenas de miles de nicaragüenses exigieron en Managua el fin del régimen de Ortega.
Los organismos de derechos humanos están desbordados para precisar la cantidad de asesinados durante las trifulcas. Esta semana el Gobierno anunció la liberación de decenas de presos capturados en las manifestaciones. Fueron liberados en la carretera, con las cabezas rapadas, andrajosos y semidesnudos. Varios de ellos denunciaron vejaciones y maltratos.
Al respecto, la organización civil Human Rights Watch emitió este viernes un duro pronunciamiento contra el gobierno de Ortega acusándolo de cometer «graves abusos» contra los manifestantes y exigió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que presiona al Ejecutivo sandinista para que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite Nicaragua para «investigar la situación» del país.
La semana pasada fueron atendidos por la Cruz Roja al menos 435 heridos, de los que 242 fueron hospitalizados. «Las personas que cometan actos violentos deben rendir cuentas ante tribunales independientes, pero también deben ser investigados los policías que hayan empleado fuerza excesiva contra los manifestantes», dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
