El Buró Federal de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés, en un operativo conjunto con la policía estatal de California y la local del condado de Los Ángeles, detuvo este miércoles a 83 miembros y asociados al grupo delictivo Mexican Mafia, acusados de tráfico de drogas en el sistema de la cárcel del condado de Los Ángeles.
Los sospechosos fueron acusados de contrabando de drogas, asaltos, lavado de dinero y extorsión organizada, mismo delito que los fiscales usaron contra los miembros de la mafia en la década de 1970. 35 de los 83 acusados ya están bajo custodia en la prisión estatal o en las cárceles del condado. Otros 16 permanecen prófugos.
«Estos casos han asestado un duro golpe a la Mexican Mafia y a los líderes de muchas de las pandillas callejeras que trabajan bajo el control de la organización», dijo el fiscal federal Nick Hanna en un comunicado. «Al eliminar a los miembros de pandillas que controlan las cárceles y al interrumpir su red de comunicaciones, minamos la capacidad de este grupo delictivo para coordinar la actividad de las pandillas callejeras».
Por su parte, Paul Delacourt, subdirector del FBI en Los Ángeles, dijo que tener a las pandillas en las cárceles impacta lo que sucede en las calles. «Esta investigación de tres años se centró en jugadores de todos los niveles por su papel en la conspiración, desde el secretario, el comerciante, el contrabandista», dijo.
La acusación se centra en un momento en que el presunto miembro de la banda, José Landa-Rodríguez y otros dos miembros de la pandilla, murieron durante el operativo, pues supuestamente controlaban la operación de las actividades en el sistema carcelario. Landa-Rodríguez, de 55 años, orquestó asesinatos, asaltos y el secuestro y asesinato del familiar de un miembro de una pandilla que, según las autoridades, lo había desafiado.
Un segundo sospechoso, identificado como Luis Vega, de 33 años, presuntamente ordenó un asesinato y dirigió ataques contra quienes «mostraron falta de respeto» o «no cumplieron las reglas de la Mexican Mafia».
Gabriel Zendejas-Chavez, un abogado de Landa-Rodríguez, también está acusado de viajar a prisiones estatales y federales con mensajes para los internos en los que detallaba nombres y sobornos, aprovechando el privilegio abogado-cliente, una prerrogativa legal que permite ocultar la actividad delictiva de la aplicación de la ley, dijeron las autoridades.
Con información de NBC
