Por Fernando Dworak

Hemos vivido décadas con un discurso oficial ambiguo frente al sector privado, el cual beneficia al gobierno que tenga la capacidad de manipular esas contradicciones. Por una parte, se nos enseñó que los empresarios eran enemigos del régimen, mostrándose voraces en los murales. Sin embargo, aunque se permitía la inversión privada, debía tener lugar dentro de las alianzas que tejía el PRI. Esto es, la inversión tenía que alinearse al régimen o de lo contrario desaparecía.

Lamentablemente ni la apertura económica ni las alternancias cambiaron las premisas básicas de operación. Al no abrirse condiciones de entrada a los mercados, se mantuvo un esquema de capitalismo de cuates. La desatención a políticas de transparencia y competitividad mantuvieron prácticas clientelares y discrecionales para asignación de contratos.

Agreguemos a lo anterior una imagen de empresarios distantes y un discurso de linchamiento por parte de la izquierda y apreciaremos mejor el problema: un ejecutivo con la legitimidad para definir discrecionalmente quiénes son amigos y enemigos del régimen. De hecho, hemos visto en los últimos meses cómo se forma un grupo de hombres de negocios cercanos al régimen, de manera no muy distinta a como era en los años dorados del PRI.

Uno de los enemigos que el gobierno se ha definido es Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark México, distinción que también se ha extendido a su hijo, Claudio X. González por su activismo a través de la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Si como vimos en la entrega anterior, no hay un cambio de formas de comunicar, tanto el empresario como el activista pueden terminar en el descrédito ante un discurso emotivo.

El pasado 21 de octubre, el diario El Economista publicó que en conferencia con analistas con motivo de la publicación del tercer reporte corporativo del 2019 de Kimberly-Clark, su director general, Pablo González Guajardo, destacó que la empresa no realizará inversiones en el corto plazo. Según el directivo, el motivo principal es la desaceleración económica y la desconfianza generada por algunas decisiones tomadas por la actual administración.

En palabras de González Guajardo, la economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno solo está creciendo un poco. Desafortunadamente, prosigue, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo.

Las reacciones no tardaron en surgir, desde las consabidas acusaciones al presidente del Consejo de Administración por adquirir contratos millonarios sin licitación, señalamientos de incurrir en traición a la patria por no invertir en México, llamados a boicotear las marcas de Kimberly-Clark, hashtag como #ClaudioNoAmenaces, #BoicotKimberlyClark o #BoicotAKimberlyClark y las consabidas teorías de la conspiración por Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y el presunto boicot al gobierno.

Ante el alud de acusaciones, poco importó que unas horas después la empresa haya emitido un comunicado donde haya desmentido las declaraciones de González Guajardo, asegurando que había sido un malentendido, que nunca se había mencionado al presidente de México y que su postura era seguir invirtiendo en el país. Es más, añadieron, en 2019 se invertirían 3,000 millones de pesos.

Como en el caso de Mexicanos Unidos visto hace quince días, se está tratando de comunicar según paradigmas viejos en una sociedad que ha cambiado. Ya no sirve decir que los empresarios generan empleos si se percibe desigualdad, privilegios, favoritismo y corrupción: bastó un líder con un discurso eficaz y entendible para dejar al sector privado rebasado.

Si lo viejo ya no sirve, el reto es cambiar de paradigmas y representar valores que puedan llegar a ser tan atractivos como la oferta oficial. Por ejemplo, contrarrestar las acusaciones de favoritismo al adoptar prácticas de transparencia e integridad corporativas. Otro ejemplo, ser promotores de la ecología al compensar o revertir la contaminación del ambiente que generan las fábricas del corporativo. Si no basta la beneficencia o la “responsabilidad social”, es necesario insertar mensajes y acciones que reflejen empatía y compromiso no sólo con grupos focalizados, sino con toda la sociedad.

Sobre todo, hay que pensar en una agenda de reformas que mejoren la competitividad, rompiendo esquemas cerrados. ¿Condiciones de acceso a mercados? ¿Impuestos más eficientes? ¿Condiciones laborales? Seguramente ninguno de estos temas los tocaría el sector privado de manera voluntaria, pero todos tenemos que ceder en cosas que antes no desearíamos si deseamos salir fortalecidos de este bache.

De no hacerse esto, imperará la idea de que a empresarios como Claudio X. González Laporte no los mueve una causa, sino la protección de sus intereses, al verse fuera de la interlocución que tenían antes. Ese efecto puede golpear directamente la credibilidad de organizaciones y think tank, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, callándose así voces que son necesarias para una democracia.

Mientras tanto, la inacción también abona a un nuevo discurso, en caso de que la economía vaya mal: la justificación de expropiaciones a hombres de negocios que sean vistos como enemigos del régimen.