La estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de López Obrador se echó una tarea titánica a cuestas: resolver una crisis de seguridad y su correlativa descomposición institucional en cinco años. De ser optimistas, la propuesta gubernamental podría dar resultados dentro de diez años.

La segunda equivocación de la estrategia partió de un argumento cierto: la descomposición política y social de los últimos cuarenta años pudrió las instituciones de seguridad y justicia. De buscar una solución real, se habría requerido la separación de todos los policías y funcionarios y comenzar de cero. Pero como no es posible por costo laboral, entonces la reforma de los cuerpos de seguridad y justicia tendrá que hacerse sobre organizaciones purulentas de corrupción.

La tercera falla de la estrategia tiene que ver con el presupuesto asignado. En seguridad no debe haber límites, si acaso se quiere una solución a fondo. Pero las nuevas instituciones nacieron de otras y los acomodos de gasto público no alcanzan para los objetivos de construir nuevas y funcionales instituciones de seguridad y justicia. La Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana está haciendo verdaderos malabares presupuestales para cubrir todas sus necesidades y tiene enormes pasivos que sabe que no va a lograr cubrir por una economía pública en encogimiento.

La cuarta se encuentra en las facultades amplias, pero con muchas restricciones, para promover de manera rápida la limpieza de las organizaciones de seguridad y justicia en estados y municipios. Primero, por falta de dinero; y segundo, por los intereses de gobernadores y alcaldes en el control local de las áreas de seguridad injusticia como instrumentos autoritarios de dominio político en sus califatos. Pero ocurre que las autoridades federales y el propio presidente de la república recibe a gobernadores y los exculpa de los retrasos en seguida, a pesar de que tienen fechas precisas en los transitorios de la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

Y finalmente se registra el error estratégico de vender optimismo de corto plazo sobre una solución a la crisis de seguridad. Sobre todo, construir el optimismo cobre la decisión de no perseguir capos ni atacar bandas criminales para desintegrarlas. La respuesta criminal se vio en días pasados: con impunidad y arrogancia algunos cárteles salieron a departir despensas con grupos portando armas de grueso calibre prohibidas por las leyes.

Un análisis en primera lectura de los reportes de cifras sobre inseguridad ha revelado que la tendencia de delitos ha bajado un poco durante los meses de la pandemia, pero otras advertencias comienzan a urgir para señalar que los delitos mantuvieron su presencia en días de confinamiento, lo que podría adelantar que el regreso a la actividad económica podría registrar un repunte de la delincuencia.

Si una decisión de Estado para obligar a los gobernadores a dar resultados de otro plazo en reformas a seguridad y justicia en sus entidades y municipios, las cifras seguirán altas. Pero la clave radica en que el presidente de la república debe ser enérgico e inflexible en lograr una reforma de seguridad y justicia en estados y municipios en cuando menos un año. De no ser así, su estrategia nacional valdrá pocos centavos.

 Ley de la Omertá

Los disturbios en los EE. UU. por el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de exceso de fuerza de un policía blanco no deben extrañar; forman parte del ser estadunidenses. Los disturbios sociales con robos a tiendas tampoco son nuevas. Y el uso de más fuerza para contener las protestas, incluyendo el uso de militares, es común.

De disturbios anteriores se recuerda el de Los Angeles en abril de 1992, como protestas a la exoneración de policías que le habían dado una golpiza a un afroamericano conductor, Rodney King, y fueron grabados en video. Durante seis días los angelinos salieron a romper todo. Después de la furia, todo regresó a la “normalidad” cuando los responsables fueron encarcelados.

Un enfoque interesante lo presentó el escritor Ryan Gattis en 2015 en su libro Todos involucrados. Los seis días que incendiaron Los Angeles (editorial Seix Barral). Los motines en LA en 1992 dejaron 10,904 arrestos, 2,383 heridos, 22,113 incendios y daños por más de mil millones de dólares.

Lo interesante del libro de Gattis fue su enfoque tangencial: como todos los policías estaban conteniendo los motines, la demás población quedó a merced de delincuentes. Y narra seis bloques de enfrentamientos entre pandillas y de pandillas contra ciudadanos con la certeza de que la policía nunca iba a atender las llamadas de auxilio.

Gattis logra un fresco de la delincuencia en el país más rico del mundo, cuyo “sueño americano” sigue atrayendo a millones de personas. Pero se trata de un infiero racial, delictivo y polarizado.

Zona Zero

  • No hay novedad en el uso de militares en labores internas de contención de disturbios sociales. La Guardia Nacional es una especie de ejército paralelo al ejército oficial que se usa para guerras en el extranjero. Una de las protestas contra la guerra de Vietnam por el reclutamiento obligatorio de jóvenes para mandarlos a la guerra entró hasta el Pentágono y causó destrozos. La historia la narra el escritor Norman Mailer en su libro Los ejércitos de la noche que debe leerse o releerse para entender la lógica de la violencia social contra el Estado.
  • No fue directo en su contra, pero una bala perdida le tocó al obispo emérito Felipe Arizmendi cuando circulaba en los caminos del Estado de México. Arizmendi fue obispo en San Cristóbal de las Casa, en la zona zapatista. Y nunca le tocó algún ataque similar. Eso sí, los caminos de México están bajo el control de bandas del crimen organizado que luchan entre si y ponen a civiles en riesgo.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh