¿Quiénes son los García Luna y los Chapo de EEUU?

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La vicepresidenta estadunidense Kamala Harris llegará a México a exigir aquí una estrategia combativa de seguridad pública contra las grandes organizaciones del crimen organizado mexicanas que tienen presencia creciente en EEUU, pero México debería esperarla con expedientes de los cárteles mexicanos en territorio estadunidense.

Las organizaciones criminales mexicanas que tienen amplia presencia en el 85% de EEUU y controlan el contrabando, venta al menudeo en tres mil ciudades americanas y el lavado de miles de millones de dólares no llegaron allá en el trineo de Santa Claus y no operan por la gracia de Dios. En ambos procedimientos tuvieron y tienen la complicidad de autoridades de las diferentes estructuras de gobierno de EEUU.

En la realidad, México tiene facultades para combatir a los cárteles dentro del territorio mexicano. Pero va siendo la hora en que el gobierno estadunidense presente a los Genaro García Luna o a los Chapo estadunidenses, es decir, a los funcionarios que han permitido el asentamiento sin problemas del narco en EEUU y a los grandes capos que manejan a las bandas de traficantes.

Los dos grandes grupos que manejan la mayoría de la droga en EEUU –el CJNG y el Cártel del Chapo— sólo pueden ser procesados por autoridades locales. Las quejas estadunidenses contra la estructura sede en México son válidas, pero la expansión de organizaciones criminales transnacionales en territorios tan alejados como Hawái y Alaska ha sido posible por complicidades locales.

Estos datos deberían ser conocidos y asumidos por la vicepresidenta Harris, pues como procuradora estatal de California aprobó un programa contra los cárteles transnacionales, sólo que con resultados más demagógicos que tangibles.

Por ello el argumento de México ante la vicepresidenta es sencillo: ustedes combatan a los cárteles en su país.

Zona Zero

  • Una revisión puntual del CJNG estaría llevando a algunos analistas a enfriar los ánimos: sí es un grupo fuerte, pero sus objetivos son traficar droga y controlar plazas, pero no –nunca– confrontar al Estado mexicano. Por tanto, no son un riesgo de seguridad nacional, sino de seguridad pública en grado de seguridad interior. Los atentados contra figuras públicas fueron producto de ajustes de cuentas, no terrorismo ni principio de una revolución criminal para tomar el poder del Estado.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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