Por más que me esfuerzo no logro comprender qué es lo que molesta tanto al «Círculo Rojo» de periodistas, algunas ONG´s y detractores del gobierno federal cuando rechazan la aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores a la Ley de Seguridad Interior, calificándola como una injerencia de las fuerzas armadas contra la población civil.
Desde la administración de Felipe Calderón el Ejército Mexicano fue puesto en las calles «para protegernos», ergo, «el automóvil sin placas» de la militarización ya circulaba por nuestras calles, carreteras y municipios, suelto y sin documentos, ésta ley sólo viene a darle nombre e identidad a este coche que ya anda en todo el país. Lo único que falta, insisto son ponerles las «placas».
De acuerdo con la legislación de la Ley de Seguridad Interior el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de determinar, junto con el Consejo de Seguridad Nacional, los sucesos que ameriten sea permitida la intervención de las fuerzas armadas nacionales en caso de generarse una circunstancia que ponga en peligro la seguridad de la población mexicana en la que se encuentre el conflicto.
Es claro que para los pensadores y comunicadores que han sido favorecidos en otros sexenios, hoy la aprobación y venidera promulgación de la Ley de Seguridad Interior se les ha vuelto la bandera de batalla; sin embargo, si hacemos un recuento estadístico del número de policías y agentes de tránsito que, de acuerdo con el INEGI, ejercen esta actividad laboral, hay 231 policías y agentes por cada cien mil habitantes, esto es trescientos treinta y un mil mexicanos y mexicanas que arriesgan su vida por cada connacional en la búsqueda del orden público (muchos de ellos corrompidos por la delincuencia organizada).
Es claro que la corrupción de la institución policiaca haya dado pie a la incursión de las fuerzas armadas mexicanas para casos de inestabilidad de seguridad interior, pero debemos de entender que en el caso del Ejército y la Marina hay 254 mil militares en activo y 206 mil marinos que con base en esta legislación deberán proteger a la sociedad mexicana en su conjunto.
Es claro que la llaga de la Ley de Seguridad Interior será el adecuado pronunciamiento y respeto a los Derechos Humanos al ejecutarla, pero también es menester entender que, sí bien es cierto que no es una medida ideal el que veamos al Ejército y a la Marina rondar nuestros estados y municipios, así como nuestras carreteras y calles, es la garantía de que dos instituciones honestas y comprometidas con México son avales de la búsqueda de herramientas para vivir de manera cada vez mejor en nuestro país.
No hay más, no hay de otra, hasta que se logre que el salario de policías y miembros de tránsito y seguridad civil, que de acuerdo con el INEGI, ganan una miseria por hora, una cantidad de manutención tan baja que debiera de hacernos reflexionar acerca de cómo este círculo de selectos intelectuales y detractores se quejara menos de la legislación de seguridad nacional y más por buscar la mejora de condiciones vitales y de formación para los hombres y mujeres mexicanos, nuestras policías, que exponen su vida día con día por asegurar nuestro bienestar común.
