Dicen que la diferencia entre ellos está en el resultado.
Los legisladores como Manuel Bartlett y Ernesto Ruffo, entre otros, que se oponen a la Ley de Seguridad Interior (LSI), necean aprovechándose de la coyuntura político-electoral que vive el país, para atraer reflectores y, si se puede, llevar agua a su molino.
Bartlett y Ruffo fueron gobernadores. Ambos fueron beneficiados de las acciones militares en sus estados.
En suma, la clase política que intenta buscar la declaración de inconstitucionalidad de la LSI lo hace desde la ceguera que provoca la necedad. Los pocos opositores a la ley son injustos con las fuerzas armadas, dando por hecho que a partir de ella habrá una acción generalizada de parte de los militares para violar derechos humanos.
Valdrá la pena recordarles a todos esos políticos que, sin los soldados de tierra, mar y aire, sería imposible gobernar sus municipios; o bien, en el caso de diputados y senadores, recordarles que, sin los militares, las condiciones democráticas de México serían completamente diferentes; de hecho, sería posible vislumbrar un escenario donde los criminales tuvieran el control hasta de las elecciones.
Los militares han sido persistentes en obtener éxito en sus misiones.
Los militares han sido persistentes en buscar certeza jurídica a sus acciones, ya que así su participación en las calles se acotaría y generará, per se, responsabilidad en las autoridades civiles.
La persistencia de los militares por demostrar que al soldado o marino que viole los derechos humanos de un ciudadano se le castiga con grandes penas ha rendido frutos al interior del instituto armado; el militar al que se le demuestre el delito, en automático pierde todos sus derechos y antigüedad de su carrera.
La violación de derechos humanos no solamente es un delito de carácter civil; dentro de la Ley de Justicia Militar se le considera delito grave.
La necedad de los jueces fortalece el delito, ya que, con el nuevo sistema de justicia penal, los delincuentes tienen más impunidad y, por ello, la comisión del delito crece a pasos agigantados. El delito común es el inicio de las amenazas para la seguridad interior, ya que al desbordarse la seguridad pública, las instituciones municipales y estatales corren el riesgo de no dar respuesta.
Ahora resulta que la delincuencia produce mejores resultados que quienes deben hacer el bien a México.
No sean necios, mejor sean persistentes en construir un país mejor.
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@elibarrola