Brújula Pública

Después de casi 60 días de la aplicación del programa “Sana Distancia”, el gobierno del presidente López Obrador presenta una serie de medidas llamadas “Nueva “Normalidad”, para ser aplicadas en los calificados municipios de la esperanza. Vaya adjetivo.

Esta normalidad que propone la administración federal y que consta de tres etapas, está incompleta porque no contempla la recuperación económica de los poco más de 500 mil personas que han perdido el empleo, según reporta el IMSS.

Solo parecen medidas políticas para proyectar confianza y seguridad a la ciudadanía, cuando en realidad su implementación y éxito depende de lo estricto en las acciones para contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) así como de la colaboración de la ciudadanía, y no solo de una narrativa.

Tampoco prevé el retorno de la seguridad que no ha encontrado la presente administración y que ha causado revuelo nuevamente, con la publicación de un acuerdo por el que las Fuerzas Armadas colaborarán en tareas de seguridad pública.

En realidad las Fuerzas Armadas nunca lo han hecho y siguen colaborando con la seguridad pública, sólo que desde hace un año lo hacían por conducto de la Guardia Nacional, pero el poder civil no ha comprendido que la seguridad pública no depende de la disciplina, lealtad, estado de fuerza o capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas, sino del compromiso de los poderes públicos de la federación, los estados y municipios, en no involucrar política partidista en asuntos de gobierno, entre otros compromisos.

Uno de los problemas de la seguridad pública radica, en que desde el texto constitucional está colocado como una función de Estado, por encima de la seguridad nacional o de la cuestionada seguridad interior, y al mismo rango que funciones de Estado, como la hacienda pública o relaciones exteriores. Aquí se encuentra una anormalidad que debe ser subsanada.

Mientras que la Ley de Coordinación Fiscal establece la forma de distribución de los recursos públicos federales a los estados y municipios, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala los mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública. Pero en la distribución de recursos públicos existe una perfecta sincronía para repartir hasta el último centavo proveniente de la recaudación de impuestos, en las funciones de seguridad en muchas ocasiones no hay tal coordinación, ya sea entre la federación y los estados, los estados y sus municipios o la federación y los municipios. Aquí subsiste otra deficiencia pendiente.

La discrepancia entre sueldos y prestaciones de los policías en el país los hace presa fácil de la delincuencia organizada, así como la falta de un protocolo nacional que establezca qué es el orden público y que estandarice el proceder de las policías en asuntos cotidianos de seguridad pública, pero que también contemple en qué casos puede entrar la policía estatal, la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas, ya que no es posible que los soldados estén hasta para cuidar el tráfico vehicular.

No puede existir una nueva normalidad, porque las condiciones anteriores a la pandemia eran de inseguridad, hasta en tanto la clase política no quiera verdaderamente solucionar el problema de la seguridad.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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