Alta presencia ha ocupado en los medios de comunicación el incrementó de la violencia en el Estado de Zacatecas. En los hechos, está epitome cruenta de sucesos delictivos, puede ser marcada con la transición de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacía el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como el inicio del mandato del gobernado David Monreal Ávila.
En sí, la transición de gobierno ha sido un reto para los nuevos operadores al frente de la gobernatura de la entidad, y esto, vinculado a una disputa por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, por la importancia geopolítica de la entidad, al ser un punto intermedio entre Pacífico y el Golfo de México, así como entre el bajío y las entidades del norte del país, para la movilidad de drogas vía terrestre, han hecho que la disputa por este espacio territorial se dé a sangre fría.
En este contexto, el CJNG no ha evitado mostrar sus intenciones de dominar la entidad, lo cuál inició el 21 de julio, tan sólo unos días después del triunfo electoral del actual gobernador, y a poco menos de dos meses de que tomará posesión. Cuando cientos de automovilistas y transportistas que transitaban por el distribuidor vial La Escondida, en la ciudad de Zacatecas, se encontraron con asombro los cadáveres de dos hombres colgados de un puente vial. Dicha jornada concluyó con un total de cinco ejecuciones, resultado de presuntos ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Posteriormente, esto iría acompañado del incremento de las cifras de homicidio en el estado, que enmarcó una ola de violencia que no ha terminado.
En fecha recientes, destacó el 24 de noviembre el asesinato al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urzúa, durante enfrentamientos con el crimen organizado en el municipio de Pinos, en el que también murió un policía municipal, y cuatro elementos federales resultaron heridos. Posteriormente, el ataque en contra del juez de control Roberto Elías Martínez, el 3 de diciembre, cuando salía de su domicilio en el fraccionamiento Privada las Torres en la ciudad de Guadalupe.
Los tipos de autoridades señaladas representan dos de los principales actores políticos vinculados al aparato de procuración de justicia, combate a la delincuencia y, en consecuencia, fortalecimiento del Estado de Derecho. Con lo cuál podemos ver, que precisamente el CJNG combate a estos actores, centrados en contener su avance y posesión territorial para operar sus negocios delictivos y hacer permear la impunidad.
La problemática del estado se complica desde la óptica del Gobierno Federal en dos sentidos. El primero, con relación a que es una de las recientes conquistas políticas del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se está sumergiendo en dinámicas violentas semejantes a partidos anteriormente controlados por la oposición, como el caso de Guanajuato y Tamaulipas, a los cuales, ya no podría adjudicar las diferencias políticas, porque en teoría el gobernador Monreal es un representante de la nueva política que representa Morena.
En segunda instancia, está el papel ambivalente que juega el hermano del gobernador Ricardo Monreal Ávila en el Senado, al ser el principal operador político de esta cámara del Congreso y frente a los coqueteos con diversos actores de la oposición, por la distancia que el presidente López Obrador ha marcado con él. ¿De salir Ricardo Monreal de Morena, el presidente y el Gobierno Federal serían capaces de dejar a la entidad a su suerte? Interrogante difícil y adversa, frente al contexto que padece Zacatecas, y la violencia que vive día a día su población.
