La complejidad de la seguridad y el crimen organizado en México

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Por: Juan Manuel Aguilar Antonio

El 10 de diciembre de 2006, con el inicio del Operativo Conjunto de Michoacán, ordenado por la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició la situación de violencia crónica que ha persistido en México por dieciséis años.

En sus inicios, este episodio de la vida del país se denominó la Guerra contra el Narcotráfico, etiqueta que el entonces presidente dio al uso de las Fuerzas Armadas para combatir de forma frontal a las redes del crimen organizado.

Pronto la prensa nacional e internacional, así como la comunidad académica y los organismos internacionales, hicieron eco de la crisis de violencia que permeaba en el país. A más de tres lustros de distancia, vale la pena destacar que consecuencias para la seguridad pública y nacional ha tenido este evento, entre los que podemos destacar:

1) la violencia se transformó en la norma de México, cambiamos la crisis por una situación crónica de violencia semejante a la de un país inmerso en un conflicto armado. Nuestras tasas de homicidio intencional, entre las más altas de América Latina, al lado de Brasil, y semejantes a países con completa ausencia de Estado de Derecho, como las naciones de África, lo demuestran.

2) Las fronteras conceptuales entre los términos de seguridad pública y seguridad nacional, se hicieron cada vez más indivisibles. Esto como una consecuencia de una cada vez mayor participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Acompañado del desmantelamiento de instituciones policiales, como la Policía Federal, o el debilitamiento de las policías municipales y estatales.

3) La sofisticación y posicionamiento internacional de las redes de grupos del crimen organizados de México. En este punto resalta la investigación Mapa Criminal de México 2019 de Eduardo Guerrero, quien divide las crisis de violencia de la última década en dos periodos (2008-2012 y 2014-2019), frente a los cuales los cárteles de la droga del país pasaron de organizaciones dedicadas en exclusivo al trasiego de drogas, a complejas estructuras criminales de tipo mafioso con múltiples actividades criminales.

Este último punto es de relevancia en el contexto de una métrica como es el Global Organized Crime Index 2021 de la ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime con sede en Ginebra, Suiza. Dicha métrica, que realizó su primera iteración en el año 2021 presentó a México como el 4° país con las redes de crimen organizado más complejas y bien estructuradas de los 193 países de mundo.

En el panorama de las Américas México ocupa la segunda posición, sólo detrás de Colombia, y en el panorama de la región Centroamericana está en el primer lugar. La métrica se divide en dos diferentes dimensiones, una calificación de complejidad criminal avocada a presentar la complejidad del mercado y las organizaciones criminales de cada país, y otra a las acciones de resiliencia que ejecutan los gobiernos para combatir a las redes ilícitas.

La métrica de complejidad criminal se subdivide en dos categorías a las cuales se les otorga una nota que va del 0 al 10 que son 1) mercados criminales (México alcanza nota de 8.0) y 2) actores criminales (con nota de 7.13), en conjunto, nuestro país tiene una ponderación de 7.56 puntos sobre diez.

Para el caso de la medición de resiliencia, esta se subdivide en doce subcategorías, vinculadas a acciones estratégicas realizadas por los gobiernos para combatir el crimen organizado. Del total México destaca en dos: Cooperación Internacional (7.0) y Leyes y Políticas Nacionales (6.0), en el resto de las dimensiones nuestro país obtiene una métrica de reprobatoria, y una ponderación global de 4.46 en este indicador.

La señalización del Global Organized Crime Index 2021 sirve de parábola para la reflexión de la complejidad de la situación crónica de violencia en México, las confusiones entre la seguridad pública y la sofisticación de los grupos del crimen organizado en nuestro país. En el que los grupos delictivos van varios pasos adelante, mientras las acciones del gobierno y la sociedad civil no termina por complementarse para combatir este mal. Vale la pena su valorización y profundización de este análisis para encontrar alternativas para la pacificación del país.

El autor es  Experto en seguridad pública y nacional, y en ciberseguridad. Investigador Senior del CASEDE. Correo: jm.aguilar@casede.org. Twitter: @travelerjm, Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-aguilar-antonio-729a39120/