La experiencia que ha dejado la nueva estrategia de seguridad del gobierno 2018-2024 debería estar llevando a mejores evaluaciones del tema de la seguridad. El modelo de construcción de la paz sirvió para valorar la seguridad no sólo como una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones delictivas, sino para probar el hecho de que no habrá seguridad real si no existe bienestar social.

Los problemas presupuestales, la crisis económica derivada de la pandemia y las prioridades del corto plazo han impedido que la reorganización de los cuerpos de seguridad tenga el acompañamiento de programas especiales de tipo económico y social para zonas afectadas por el crimen organizado. Además de la corrupción local, la inexistencia de planes específicos de educación, salud, empleo y bienestar han impedido recuperar las regiones que habían quedado a merced de los grupos delictivos.

En 1984 un grupo de obispos del Sur de la república publicó un desplegado periodístico que llamó por primera vea la atención al problema del narcotráfico, pero que no fue atendido por las autoridades. El retiro de programas de apoyo a productores del campo dejó abandonado a millones de campesinos y sus hectáreas, hecho que propicio la llegada, primero, de los marihuaneros para contratar terrenos y sembradores y luego de sembradores de amapola. En aquel entonces hubo testimonios amargos de campesinos que decían que la opción era abandonar sus tierras e irise a las ciudades como pobres o a los EE UU o negociar con los narcos, con el dato adicional de que los pagos de los narcos podían mantener a familias aún si los campesinos eran encarcelados.

El narcotráfico sigue apelando a la pobreza de los campesinos. Antes había precios de garantía, caminos, créditos, fertilizantes y tiendas Conasupo; hoy la economía campesina está controlada por las bandas criminales.

La nueva conceptualización de la seguridad del gobierno actual acertó en el planteamiento, pero no se ha consolidado en acciones concretas. Falta la presencia férrea del Estado y sus instituciones en las zonas campesinas hoy controladas por bandas criminales. De poco servirá, por ejemplo, el arresto de José Antonio Yépez El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima dedicado al robo de combustible, si no se desarticulan las bandas operativas ni se ataca la contratación de campesinos desempleados para brigadas de vigilancia y comercialización del producto robado. Y si tampoco se ha profesionalizado la policía municipal en esas zonas.

La construcción de la paz requiere avanzar en la decisión para asentar de nueva cuenta al Estado y sus instituciones en las zonas recuperadas, acciones económicas y de gasto social para reconstruir el tejido de convivencia sin violencia ni delitos, además de nuevas autoridades policiacas y judiciales que no caigan en las complicidades con el crimen organizado.

Las cifras de violencia criminal parecen comenzar a declinar, salvo por datos en zonas ya delimitadas en donde las bandas criminales luchan entre sí por el control de territorios. Pero esa lucha podría anularse si el Estado con su fuerza institucional fija su presencia con el apoyo de la sociedad.

Si la falta de bienestar permitió el asentamiento criminal en zonas de la soberanía territorial del Estado y la captura de instituciones por parte de grupos delictivos, una estrategia focalizada de bienestar social con participación pública y privada podría recuperar para la paz las zonas perdidas por la guerra.