El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la PGR publicar la investigación que existe en el caso Odebrecht al considerar que la información del caso, la presunta corrupción de funcionarios de Pemex, le daría “cauce a un sentido reclamo social, que es el combate a la corrupción”. Un giro inédito dio ese Instituto respecto a no tocar las investigaciones ministeriales en curso; su postura cambió. Pese a que el ex Procurador General, Raúl Cervantes, anunció antes de renunciar a su cargo que la investigación al respecto estaba prácticamente concluida, un año después sigue sin saberse nada en relación con los vínculos entre diversos funcionarios públicos mexicanos señalados y la empresa brasileña, que desparramó millones de dólares en muchos países latinoamericanos para hacer negociaciones lícitas a través de procedimientos ilícitos.

La respuesta de la PGR, la instancia encargada de la investigación, señaló que el gobierno de Brasil, sede del emporio Odebrecht, no ha entregado la información del caso, la cual es indispensable para integrar la investigación donde se indague, entre otros, a Emilio Lozoya, ex director de Pemex. En México y en Brasil se hizo público que tres ejecutivos de Odebrecht dijeron que el ex director de esa empresa recibió 10 millones de dólares, en dos pagos, “a cambio de ser beneficiados con la adjudicación de contratos relacionados con la (fallida) refinería de Tula”.

En diversos países de América Latina se ha hecho público el nexo entre funcionaros de alto nivel y la empresa brasileña. El ex presidente peruano Kuczynski, por ejemplo, dimitió ante las pruebas que confirmaban su anuencia a colaborar con Odebrecht. En Brasil, la corrupción de ese emporio brasileño ha decapitado cabezas de alto nivel como lo demuestran los casos de los ex presidentes Lula y Dilma. Uno en la cárcel, otra indiciada y, lo peor, denigrada. Varios países latinoamericanos han presenciado el escándalo “odebrechtiano” pero solo dos han escapado, hasta ahora, de la mano de la ley: Venezuela y México.

La falta de avances, como lo afirmó el New York Times, en una investigación hecha al respecto arroja que al menos 10.5 millones de dólares fueron utilizados como sobornos a funcionarios mexicanos. El mismo periódico señaló que un “allegado cercano a Peña Nieto aparecía como sospechoso”. La investigación estaba en curso cuando el entonces fiscal encargado del caso fue despedido. La investigación, en consecuencia, se truncó.

Dado el nivel de corrupción al que ha llegado nuestro país durante esta administración, sería insólito que las actuales instancias judiciales develaran datos al respecto. Sin embargo, el sexenio está por concluir y nadie podrá defender, después del 1 de diciembre, a nadie que haya sido cobijado por la impunidad y la corrupción. Por lo mismo, la orden del INAI a la PGR es importante: se podrá escudriñar quién es y quién no es culpable en el caso Odebrecht que, hasta ahora, es un monumento a la impunidad en México.

Es deseable que el INAI, órgano independiente, lleve a sus últimas consecuencias giradas a la PGR. Sería reprobable que quedara en un simple destello de autonomía y de presunción.