Dos años de ciclo Durazo: De los cárteles a los cuarteles

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El paso de Alfonso Durazo Montaño de la titularidad de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana a la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Sonora representa un punto de reflexión sobre la estrategia de seguridad del gobierno actual basada, en términos resumidos, en la construcción de la paz.

La principal falla de la estrategia en general ha sido la comunicación. Y no por deficiencia de los funcionarios del área, pues Durazo ha ejercido tareas de comunicación pública durante largos años. En realidad, el conflicto radica en la centralización de la estrategia y de la comunicación en el presidente de la república, con todos los beneficios y problemas que ello implica. En sí misma, la comunicación debiera ser una estrategia de seguridad porque contribuye a crear o destruir consensos.

En caso dos años Durazo logro construir una estructura jurídica, presupuestal, operativa y política de la seguridad. El gobierno de Peña disolvió la Secretaría de Seguridad Pública que creó el gobierno de Fox y mantuvo la administración de Calderón, con sus limitaciones y posibilidades. Las tareas de seguridad pasaron a Gobernación para crear un modelo de Secretaría del Interior, pero sin funcionalidad.

El gobierno de López Obrador partió de cero; bueno, en realidad de -0 porque ahora se saben de los problemas de corrupción y complicidades criminales de las autoridades de seguridad. Por lo tanto, la tarea de Durazo y el gabinete de seguridad, a partir de la base doctrinaria de las fuerzas armadas, también produjo una nueva gramática de la seguridad. Las cifras pueden ser adversas, pero la construcción de un entarimado de seguridad debió ser una tarea de Hércules: la Secretaría en sí misma, el gabinete de seguridad y la Guardia Nacional serían los tres pivotes.

Lo que debe analizarse con frialdad es la relación o falta de ella entre la estructura de seguridad con las cifras consolidadas de delitos. Con la estructura creada, los saldos debieron de ser otros. Las fallas habrá que encontrarlas no en la estrategia operativa, sino en la filosofía de la seguridad: la construcción de la paz. La orden presidencial fue suspender persecuciones de delincuentes y de cárteles –con excepción de los que desafiaron con arrogancia al Estado– y la asignación de presupuestos a sectores abandonados en zonas calientes de la inseguridad. Pero fueron programas y asignaciones sin directrices, agotadas solo en el reparto y sin ninguna fórmula para convertir esos recursos en bienestar productivo.

Además, se olvidaron las experiencias del pasado. Parte de la estabilidad en zonas rurales estaba en la existencia de lo que se llamó el sector de las “fuerzas vivas” o representación social local: el maestro, el farmacéutico, el sacerdote, en tendero y el distribuidor de pan Biombo y Coca Cola eran fuentes de información. Hoy no.

El alejamiento del Estado del combate contra cárteles y el modelo de construcción de la paz han contribuido al fortalecimiento por sí mismo de los grupos delictivos. A El Marro lo dejaron hacer hasta que fue una carga. El Mencho hace lo que quiere con su Cártel Jalisco y los hijos de El Chapo han expandido el Cártel de Sinaloa. Y en esos casos la Secretaría de Seguridad ha podido hacer poco por la orden presidencial, lo que lleva a una estructura con muchas posibilidades, pero pocas efectividades.

El relevo de Durazo enfrentará ese escenario: la centralización presidencial y una estructura amplia de seguridad con pocas movilidades. Pero por lo que se ve hasta ahora, no habrá variantes.

 

Ley de la Omertá

El juicio contra Genaro García Luna en un tribunal de los EE. UU. está destapando una caja de Pandora de complicidades oídas, pero no probadas, aunque con chismes que enredarán más las cosas. La prensa mexicana no ha estado a la altura del análisis de ese caso y todo se agota en un lodazal con ventilador.

Hasta ahora ningún centro académico ha podido hacer un verdadero análisis del problema de seguridad 1975-2020, ni ha enlistado las estrategias aplicadas y sus resultados. Los libros que han intentado periodizar ese casi medio siglo de seguridad/inseguridad se han quedado en la recopilación de datos o en la interpretación política de suposiciones.

Los libros que circulan con perfiles personales y profesionales de García Luna no logran consolida percepciones e interpretaciones y se agitan en revelaciones sin confirmar y muchos de ellos en chismes. Los cursos extracurriculares sobre temas de seguridad y defensa no profundizan indagatorias y se quedan en los espacios doctrinarios.

La relación delicada entre seguridad y Estado sigue sin explicarse en sus aspectos negativos, cuando en realidad se sabe que el crimen organizado no pudo haber existido y crecido al tamaño que tiene hoy si no tuviera relaciones peligrosas con instituciones legales.

 

Zona Zero

  • La seguridad está determinando las relaciones de poder entre grupos dominantes, ahora entre el president de la república y gobernadores de estados dominados por el crimen organizado. Y en lugar de buscar alianzas, acuerdos y sobre todo entendimientos, los titulares se la pasan echándose puyas que sólo benefician a los delincuentes.
  • En términos de seguridad interior, las expectativas del PIB de -10% en 2020 y promedio de 2% en los próximos diez años adelantan un clima de desempleo y baja calidad social, lo que representa el saldo de cultivo para la delincuencia. La inseguridad interior tiene que ver con el bajo crecimiento, el pésimo empleo y las condiciones de necesidad insatisfechas de la sociedad. En cambio, el crimen organizado paga mejores salarios y regala despensas.
  • El principal problema de la violencia en Guanajuato radica en la decisión de no perseguir al desarticulado cártel de El Marro y la forma en que sus huestes han salido a matar y a robar para sobrevivir, sin que haya autoridad alguna que tenga la decisión de encararlos.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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