El avance de la delincuencia organizada en estados como Tamaulipas, Guanajuato o Michoacán, así como los modestos resultados en incautaciones de armas o droga, no ponen a nuestro país en un mejor panorama.
La infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia, como los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, así como de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno de los tres poderes de la Unión.
Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o trasferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que son consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional.
En mayo de 2018 se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias.
Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano.
FRAUDE CON TARJETAS
Por estas razones es que no puede tomarse a la ligera la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en enero pasado, que señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.
No solo eso, sino que también evidencia la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano, cuando en la primera quincena de enero del 2020 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.
Esta es de las principales crisis, pero seguramente habrá más. El avance de la delincuencia organizada en estados como Tamaulipas, Guanajuato o Michoacán, así como los modestos resultados en incautaciones de armas o droga, no ponen a nuestro país en un mejor panorama.
Hoy se estima que el avance de la delincuencia en el país es superior al cincuenta por ciento, lo que involucra a los poderes locales, municipales, así como a las actividades económicas y productivas que ahí se desarrollan. Se estima que la planta productiva invierte hasta un 35 por ciento de sus costos de producción en seguridad en el transporte de sus mercancías.
Por último, los escasos resultados de las fuerzas federales en la incautación de estupefacientes, drogas o armas y que, en conjunto con la crisis de infraestructura crítica, la delincuencia y los resultados, no dan un buen panorama de cara a los próximos procesos electorales federales y locales a realizarse el siguiente año.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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