Agresiones criminales exigen replanteamiento gubernamental

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Por CEEPyS (*)

Las agresiones de bandas del crimen organizado en Quintana Roo, Colima, Zacatecas, algunas áreas de Sonora, Guanajuato y Guerrero están obligando a un replanteamiento de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir las actividades delictivas antes de que causen estragos en la población civil.

Hasta donde se tienen datos, las agresiones han sido producto de una lógica de conflicto muy local y no de alguna ofensiva general del crimen organizado en contra del Estado. La respuesta gubernamental ha revelado información de inteligencia muy precisa para realizar el arresto de responsables en el corto plazo.

El desplazamiento de la Guardia Nacional en todo el país ha creado las condiciones mínimas de un modelo de disuasión delictiva, pero la guerra declarada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa por la disputa de territorios criminales ha vuelto a impactar el estado de ánimo de la sociedad y a aumentar las percepciones de inseguridad social.

Las posiciones territoriales de las fuerzas gubernamentales de seguridad no han logrado inhibir los comportamientos provocadores del crimen organizado, como lo revelan las evidencias de la facilidad con que organizaciones delictivas pasean con impunidad en caravanas de veinte o más camionetas con gente armada sin que haya instrucciones gubernamentales para impedir esos comportamientos.

Y de nueva cuenta, las bandas criminales han logrado ya superar la capacidad de fuerza de los organismos municipales y estatales de seguridad y solo la Guardia Nacional y el ejército tienen los recursos para encarar y hacer retroceder la violencia delictiva.

Si el gobierno federal ha decidido no regresará a una guerra en las calles contra el crimen organizado, sí cuenta con la capacidad de inteligencia para ir desmantelando paulatinamente a las bandas criminales y recuperando el control territorial de la república.

Zona Zero

La crisis de seguridad en Colima es más seria de lo que se quiere reconocer y ha impactado la estabilidad social, al grado de que se han tenido que aplicar decisiones de resguardo social para impedir que los ciudadanos queden atrapados en el fondo cruzado entre las bandas delictivas. El nuevo gobierno estatal de Colima no tuvo un diagnóstico real del problema de la inseguridad y por tanto no ha podido proponer algún programa de emergencia.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad
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