Para el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general José Carlos Beltrán Benítez, la respuesta rotunda es no; además expuso que los militares no son violadores sistemáticos de los derechos humanos ni suplantan o sustituyen a la autoridad civil en el combate a la delincuencia.
En su ponencia durante el foro Seguridad y participación ciudadana, organizado por la Cámara de Diputados, el ombudsman de Sedena enfatizó que la violencia proviene directamente de la delincuencia organizada, el tráfico de armas y corrupción de fuerzas públicas, no del Ejército Mexicano.
Ante el cuestionamiento de que el país podría vivir una militarización debido al incremento de violencia, el general José Carlos Beltrán Benítez rechazó que pueda suceder, “Militarización y suplantación sería que las fuerzas armadas detuviéramos, investigáramos, sancionáramos a los responsables, a los delincuentes civiles. Y no sólo eso, que los lleváramos a tribunales y prisiones castrenses. Eso sería que las autoridades militares tuviéramos control sobre la seguridad pública, que no tenemos”, sin embargo, también se dijo respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior.
Además, aprovechó para contraponer que mientras este sexenio registró una reducción de quejas por violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, de mil 450 en 2012 a 464 en 2017, el índice de violencia en México subió a niveles históricos, lo que supone que el origen es distinto.
Por ello, cuestionó que el tráfico de armas de alto poder se intensificó a partir de que Estados Unidos liberó su comercio hace una década, lo que derivó en la proliferación de ventas en México y por ende, la capacidad de violencia del crimen organizado.
