Una vez aprobadas las reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, un sentimiento de desencanto ha comenzado a sentirse en la república porque el nuevo cuerpo atenderá delitos de fuero federal. Sin embargo, los homicidios dolosos y la criminalidad es tema de fuero común que seguirá en manos de policías improvisados, sin capacitación y explotados.

Desde la crisis de seguridad del 2008 por el caso Martí (secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí), los rediseñadores de las políticas de seguridad hicieron hincapié en que las policías estatales y municipales tendrían que profesionalizarse. Poco más diez años después, las policías locales siguen iguales.

Los gobiernos estatales y municipales están muy contentos con la Guardia, pero hasta ahora no se han percatado de dos hechos: que los delitos de fuero común son estatales y municipales y que la Guardia no va a luchar contra las bandas delincuenciales, sino que se concretara a vigilar y atender delitos de fuero federal.

Los datos hasta ahora conocidos no alcanzan a ofrecer evidencias de que la Guardia vaya a disminuir la tasa de criminalidad. En números cerrados, la GN tendría 150 mil efectivos; pero de ellos el 40% será administrativo. De los 90 mil que quedan, su capacidad operativa civil los dividirá en tres turnos pues los policías son exigentes en sus ocho horas de trabajo, lo que dejaría 30 mil efectivos por turno. Y si habría 90 mil policías, a cada una de las 266 coordinaciones le tocarían 338 policías trabajando en tres turnos.

El perfil civil en el cual insistieron los legisladores será una carga negativa. En la actualidad, los soldados y marinos trabajan en los hechos sin horarios, con descansos no laborales; por su función de defender la soberanía nacional, sus condiciones aborales son inexistentes. En cambio, los policías tienen derechos laborales, se ajustan a ritmos de trabajo legales y podrían incuso declarar huelgas.

En cuestión operativa, la Guardia Nacional apenas alcanzará para el modelo de disuasión por su presencia en las calles. Pero el punto central se localiza en que los delitos contabilizados mes a mes son de fuero común y compromete a policías estatales y municipales. En este sentido, la Guardia no desplaza a los locales.

El decreto de reformas establece en sus transitorios el plazo de hasta 180 días –seis meses– para que los gobiernos estatales y municipales entreguen un estudio sobre sus capacidades de fuerza policiaca. Y hasta ahí. Nada dice el decreto respecto a la obligación estatal y municipal de invertir en capacitación y los fondos locales y los pocos federales no alcanzarán para capacitar a los más de 400 mil policías estatales y municipales que existen en el país.

Si aproximadamente el 90% de los policías estatales y municipales han carecido de inversión en profesionalización, entonces se requerirá de un presupuesto multimillonario para construir un perfil profesional técnico. Y si a ello se agrega que los salarios actuales de policías locales son paupérrimos, entonces en capacitación y mejores salarios por sus niveles más técnicos se requerirán fondos que no existen.

La existencia de efectivos de la Guardia Nacional con salarios, prestaciones y rangos de profesionales y todos con haberes de las policías militar y naval contrastará con el bajo nivel de capacitación de policías locales y salarios y prestaciones mínimas. La convivencia entre ellos no se presume tranquila y sí se puede adelantar que las policías locales prefieran que la lucha contra la delincuencia la hagan los Guardia con sus beneficios y no ellos sin salarios ni capacitación.

Los reportes que entreguen los gobiernos estatales y municipales sin duda que van a preocupar a las autoridades federales. Y ante la escasa de presupuesto, entonces habrá en México policías locales sin capacidad para luchar contra la delincuencia y una Guardia Nacional sin efectivos suficientes para sustituir a las policías locales.

Los debates parlamentarios sobre la Guardia se centraron en el perfil de los nuevos efectivos, los acotamientos al uso de su fuerza y el alto nivel de capacitación exigido para los nuevos policías. Pero a ningún legislador se le ocurrió contrastar número de nuevos Guardias, policías existentes y datos de las cifras de delincuencia ara construir, en los hechos, un verdadero sistema nacional de seguridad pública con todos los policías en activo.

Una vez aprobada legalmente la Guardia, ahora la Secretaría federal de Seguridad Pública tiene el desafío de corto plazo, inmediato, de diseñar un programa de reorganización, capacitación y adecuación salarial de las policías estatales y municipales porque son las responsables de combatir los delitos de fuero común y por tanto muchos de ellos aparecen como cómplices de bandas que les pagan más por no ejercer su trabajo de policía.

O sea: hasta ahora la estrategia de seguridad está incompleta.

Zona Zero

  • Entre varios de o hoyos negros que tiene el decreto de reformas constitucionales, uno ha comenzado a aumentar la preocupación en el tercer nivel de gobierno: los municipios; y entre varios puntos, el decreto nada dice del funcionamiento de la Guardia Nacional en municipios gobernados por usos y costumbres y en otros que tienen policías comunitarias.
  • Y a nivel municipal, también habrá un problema grave: la profesionalización y certificación de policías municipales producirá agentes que deben tener mejores salarios, pero con haciendas municipales precarias y en bancarrota. Un buen policía municipal tendría que ganar más que el alcalde.
  • Y en materia financiera, el decreto no resuelve el tema del presupuesto. Si los policías militares y navales que vayan a la Guardia conservarán rango y derechos, también tendrían que recibir sus emolumentos. Y entonces el gasto de la nueva organización podría dispararse a las nubes.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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