En su libro El Estado y el soldado para analizar las relaciones civiles-militares, el politólogo Samuel Huntington aporta un enfoque de la estructura de la seguridad y enfatiza dos dimensiones de las estrategias funcionales: la relación interdependiente entre la política institucional (que diseña planea) y la política operativa (que los aplica). Si no hay una articulación equilibrada, entonces la seguridad falla.

La crisis de seguridad en los casi seis meses del nuevo gobierno se aprecia una política institucional incompleta por la desorganización en los tiempos de aprobación de las instituciones y sus leyes reglamentarias y por tanto un desfase en la etapa operativa porque la Policía Federal y la Gendarmería están en proceso de desmantelamiento y la Guardia Nacional no pude organizarse sino hasta que estén las leyes secundarias.

Y a ello se agregan las limitaciones institucionales, una de las cuales ya pareció haber provocado una crisis en Marina-Armada de México: los acuerdos sobre derechos humanos y la ley en proceso de aprobación sobre uso de la fuerza han desanimado la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas.

Sobre la agresión a una partida de Marina en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco el 4 de mayo pasado, la dependencia informó de una agresión de delincuentes a una partida naval. Y dio dos datos que no parecieron haber sido asimilados en el gabinete de seguridad y en las bancadas legislativas que están analizando las leyes reglamentarias: bandas en número superior a las partidas militares y el incremento en el nivel de agresión de los delincuentes sobre las fuerzas de seguridad.

En su boletín oficial, la Secretaría de Marina subrayó el hecho de que los marinos “repelieron la agresión actuando con base en el Manual del Uso de la Fuerza de aplicación común de las tres fuerzas armadas”. Es decir, la respuesta estuvo atada a reglas irregulares de combate. Antes del debate sobre el uso de la fuerza, las partidas castrenses tenían que demostrar una mayor capacidad de respuesta que los agresores; hoy no porque los delincuentes pueden alegar violación de derechos humanos por uso superior de fuerza contra los agresores.

En pocas palabras, las fuerzas armadas están combatiendo con las manos atadas a una delincuencia que disfruta de su criminalidad, como lo demuestran los daños a sus adversarios. Lo paradójico es el hecho de que las fuerzas armadas fueron llamadas a labores de apoyo a la seguridad pública en nombre de la seguridad interior y por tener experiencia, armas y tácticas de combate superiores a los delincuentes, pero en la actual fase del debate ya no pueden usarlas.

A pesar del saldo de quejas y recomendaciones, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ha tenido un número menor de violaciones a las supuestas. Pero si en las leyes secundarias se limita el uso de esa fuerza castrense contra delincuentes que luchan contra el Estado, entonces la inseguridad seguirá creciendo.

INSEGURIDAD: FALLAS LOCALES

Luego de la aprobación de la Guardia y en proceso de debate de leyes secundarias, la inseguridad ha aumentado de manera sensible en cinco entidades de la república: Ciudad de México (Morena), Morelos (Morena), Quintana Roo (PAN-PRD), Veracruz (Morena) y Guanajuato (PAN).

Pero a partir de la caracterización de delitos de fuero común, entonces la responsabilidad en primer nivel le corresponde a los gobiernos estatales y municipales. Y a pesar de que la reforma constitucional ha obligado a esos niveles a presentar en menos de seis meses un diagnóstico de la inseguridad local y una evaluación de su fuerza policiaca, no hay ningún indicio de reorganización. Luego de una queja casi generalizada con el presidente de la república la orden superior decidió no cobrar el uso de la Guardia Nacional a Estados. Sin embargo, el cobro de servicios no era una forma de privatizar el nuevo cuerpo, sino el camino para obligar a los mandatarios locales a comprometerse con la reorganización.

Sin la decisión local de mejorar las fuerzas estatales y municipales, la estrategia federal no va a dar buenos resultados. Buena parte del auge de las bandas criminales en el país responde a ineficacia o complicidad –o las dos– de autoridades locales con los cárteles, con mayor incidencia a nivel municipal. Ahí estaba pues, la importancia de exigir una gran depuración local.

La nueva crisis de cifras de inseguridad estallará cuando se vea que las autoridades federales no pueden con todo el paquete y las estatales/municipales se desentienden del problema.

Zona Zero

  • Si bien algunas de los estallamientos de violencia no tienen relación directa de la estrategia de seguridad, una falta de comunicación de Estado ha dejado la percepción de que se trata de una falla institucional. El fondo es que existe una no-política de comunicación de seguridad y todo queda en manos de las conferencias mañaneras del presidente de la república donde se manejan posicionamientos políticos y no planes institucionales de seguridad.
  • Pues siempre no se ha terminado con la crisis huachicolera, aunque en Palacio Nacional se insiste que sí. Más allá de las contradicciones, el fondo es que no se tiene un mapa estratégico ni un diagnóstico real de las bandas dedicadas al robo de combustible. Controlaron una parte de Puebla, pero sigue abierta la crisis en el centro y sureste de la república. Lo malo del problema es que se trata de bandas fragmentadas, locales, sin configurar aún un cártel.
  • Si el enfoque lopezobradorista de la seguridad es el social, entonces se prevé un mayor aumento de la violencia por tres razones: el apoyo a jóvenes para alejarlos del delito es menor a lo que ganan con las bandas, el PIB será menor a 1.5% y por tanto habrá menor oferta de empleo formal y la Guardia estará más o menos formada a finales del próximo año de 2020.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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