A pesar de que el tema ha estado presente desde que se anunció la creación de la Guardia Nacional, gobernadores y alcaldes han estado demasiado pasivos en su responsabilidad local para reorganizar sus cuerpos de seguridad.

Pero la advertencia ha sido reiterada. El artículo Séptimo Transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 26, señala que los gobernadores tienen la obligación de presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública su diagnóstico de seguridad y el “programa de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”.

A los gobernadores parece que no les ha caído el veinte y siguen ajenos a sus responsabilidades legales. El plazo que estableció el decreto es de máximo 180 días o seis meses a partir del pasado martes 26. Y no se trata de hacer alguno de los documentos informales y vacíos, sino que el CNSP va a calificar los reportes, porque los programas estatales-municipales serán tomados en cuenta para la aprobación presupuestal.

El problema es mayor para los gobernadores y alcaldes porque estarán obligados a establecer leyes, reglamentos y programas equidistantes con los federales: leyes estatales, prácticas cotidianas, reglamentos, entre otros. Requerirán, siendo estrictos, de leyes estatales de seguridad y reorganización de las policías estatales y municipales con programas de entrenamiento para atender delitos de fuero común.

Y los gobernadores que quieran realmente hacer bien las cosas, también estarían obligados a crear cuerpos de inteligencia estatal para crear mapas y zonas de riesgo y las agendas estatales y municipales de riesgos, además de un diagnóstico preciso de las bandas criminales que operan en sus zonas territoriales con identificación no sólo de mandos sino de relaciones de poder.

Zona Zero

  • El alza de homicidios en las últimas semanas no debe analizarse por las cifras en sí sino por el hecho de que hay un reflujo en la guerra entre bandas del crimen organizado por nuevas plazas de siembra, procesamiento, tráfico y consumo. Es decir, que sigue fallando la labor de inteligencia para prever actividades criminales.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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