La interceptación de conversaciones telefónicas entre jefes del grupo criminal Guerreros Unidos en la ciudad de Chicago, Illinois, con sus cómplices en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, realizada por diferentes entidades del gobierno estadounidenses, como la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), confirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado.
Esta información proporcionada por el gobierno de EU a la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el Ejército no tuvo responsabilidad en estos hechos, indicó el general Alejandro Ramos Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mientras que en el caso Tlatlaya, en el que se acusó a militares de ejecutar extrajudicialmente a un grupo de delincuentes en junio de 2014, manifestó que éstos fueron exonerados por la justicia civil, por lo que se debe presumir su inocencia hasta que no haya una decisión judicial que compruebe lo contrario.
Al respecto, el teniente coronel Virgilio Hernández Rodríguez, subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, puntualizó que todavía están en curso acciones legales y amparos sobre el tema.
En entrevista televisiva, ambos militares negaron que las fuerzas armadas hayan sido omisas durante los acontecimientos ocurridos en Iguala y aseguraron que se brindó protección y auxilio a estudiantes que se resguardaron en una clínica y realizaron labores de búsqueda de las víctimas, además de apoyar a las familias afectadas.
“Estas intervenciones telefónicas derivan de una investigación distinta que llevaban a cabo las autoridades de EEUU, bajo una autorización judicial. Esto habla de la autenticidad y del rigor metodológico con el que se llevan a cabo estas intervenciones, lo que nos da mayor certeza pues corrobora quien está detrás de toda esta situación es el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyados por algunos servidores públicos de policía municipal”, comentó Ramos Flores.
El general señaló que estas conversaciones confirman que no existió implicación de personal del 27 Batallón de Infantería.
“La Sedena, desde el inicio de estos hechos atendió a padres de los normalistas, familiares y estudiantes de la propia Normal. El Ministerio Público del fuero común de Guerrero, peritos y civiles ingresaron a las instalaciones del batallón, donde pudieron constatar de manera muy clara que dentro no se encontraba ninguna persona civil detenida”, indicó por su parte Virgilio Hernández.
La Sedena ha atendido todas las solicitudes de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala de la PGR.
