Decidido a un modelo de pacificación que responsabiliza a las bandas criminales a un cese de hostilidades, la ofensiva delictiva contra funcionarios políticos y de gobierno a nivel estatal y municipal se han convertido en una alerta de seguridad interior, un tema que en los estrategas de gobierno no quieren encarar.

En los últimos dos meses han aumentado los atentados contra funcionarios municipales que forman parte de la estructura del Estado nacional. La preocupación que queda en los ciudadanos es obvia: si no se pueden proteger a los funcionarios, entonces los ciudadanos menos podrán ser resguardados de la violencia.

El tema de la seguridad interior ha querido ser alejado de las estrategias de seguridad pública porque implicaría ya un mayor involucramiento de las fuerzas armadas en un tiempo político en que la Guardia Nacional quiere ir sustituyendo a militares y marinos de la vigilancia policiaca.

Sobre todo, esta ofensiva criminal estaría obligando a las autoridades a definir de manera abierta el tema de la seguridad interior, cuya ley promulgada por el presidente Peña Nieto fue anulada por la Suprema Corte de Justicia. Con ley o sin ley, la seguridad interior es una situación que tiene que ver con la soberanía de poder del Estado; por lo tanto, agresiones a figuras institucionales del Estado exigen una mayor acción de las fuerzas armadas, las únicas garantes de la seguridad interior.

En la Estrategia de Seguridad del gobierno de López Obrador se anunció la pronta circulación de un Programa para la Seguridad Nacional en la que se establecería la doctrina y la práctica de la seguridad interior, bajando el tema de una ley que implicaría debate legislativo a un programa del Ejecutivo Federal que se define por decreto.

Pero sea por un lado o por otro, la prioridad que deriva de las agresiones crimínales a funcionarios obliga a definir la doctrina lopezobradorista de seguridad interior porque implican ataques al Estado y reflejan soberbia de poder de los grupos criminales.

Zona Zero

  • Si pudiera haber sido que la herencia de seguridad en Ciudad de México fue de desorden, las nuevas autoridades capitalinas han tenido tres y medio meses para ofrecer una nueva estrategia y no culpar a los de atrás que revela más bien un preocupante desconocimiento de la crisis real de seguridad que raya en incapacidad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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