La reciente ola crisis de violencia criminal en la república tiene una explicación: el 21 de diciembre se promulgó legalmente la Ley de Seguridad Interior, por lo que toda movilización de fuerzas federales dejo de ser sin controles. Sin embargo, las controversias constitucionales han impedido su funcionamiento. Por tanto, el país se encuentra sin estructura de seguridad interior.
Explosiones de violencia criminal en Acapulco, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad Juárez, Nuevo León, Reynosa, Los Cabos y Cancún, entre otras plazas, tienen que enfrentarse sólo con fuerzas estatales y municipales, muchas de ellas sin capacidad ni organización y otras todavía penetradas por intereses del crimen organizado.
En una situación de crisis de seguridad puede entenderse finalmente lo que ocurriría en el país sin la participación de las fuerzas armadas: la seguridad pública en las plazas sobrecalentadas carece de fuerza, organización, armamento y disciplina para enfrentar a los grupos criminales.
Asimismo, esta nueva ola de violencia criminal puede ayudar a los escépticos a entender el significado de seguridad interior: la violencia de grupos con capacidad de organización superior a la seguridad pública que afectan la estabilidad para el desarrollo económico y social. Cancún va a ser pronto colocada como zona de peligro para turistas, cuando representa el atractivo turístico más importante, una de las principales fuentes de dividas extranjeras y una ventana al mundo.
Lo paradójico del caso se percibe en el hecho de que las controversias en la Corte contra la Ley de Seguridad Interior tienen que ver sobre partes concretas –derechos humanos, información resguardada y acopio de inteligencia–, pero han logrado paralizar la aplicación de otros contenidos. Por mandato legal el presidente de la república no puede aplicar una ley promulgada si está siendo cuestionada en el tribunal constitucional.
Si el proceso en la Corte tarda más días, las explosiones de violencia criminal podrían afectar otras plazas que estaban bajo control de las fuerzas armadas. Algunos grupos criminales han comenzado a leer estratégicamente los conflictos de la Ley de Seguridad Interior y se han lanzado a recuperar plazas y avanzar en otras.
La Ley de Seguridad Interior contiene un protocolo muy estricto para solicitar la intervención de las fuerzas armadas, evitando subjetividades. Asimismo, obliga a las policías estatales y municipales a elevar su calidad, control y eficacia. Hasta ahora, gobernadores y alcaldes encontraron el camino fácil de pedir apoyo federal de las fuerzas armadas, en lugar de trabajar en la construcción del marco jurídico y operativo en seguridad pública.
Los opositores a la Ley de Seguridad Interior, paradójicamente, prefieren que siga el modelo anterior que carecía de seguridad jurídica y que permitía algunos excesos, en lugar de reconocer que la inseguridad es un fenómeno estructural y no pasajero y que se basa en la construcción de verdaderos imperios criminales con recursos, armas, impunidad y sobre todo complicidad con oficinas públicas.
En los hechos, los actos criminales recientes representan un desafío al Estado y a la sociedad, no a las policías locales. Sin Ley de Seguridad Interior en activo, las recientes agresiones en Reynosa, Monterrey, Cancún y Veracruz son posibles cuando no existe autoridad ni estructura de poder del Estado para impedirlo y sobre todo para investigar.
En este sentido, la Ley de Seguridad Interior es el único camino para enfrentar al crimen organizado in crescendo.
@carlosramirezh
