La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), lleva a cabo el “IV Encuentro Nacional de Fiscales Especializados para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida contra Particulares”, a fin de llevar a cabo la formulación del nuevo Protocolo Homologado de Investigación.
Al participar en la primera sesión “Siguientes pasos en la implementación de la Ley General y Presentación de Propuesta de un nuevo Protocolo Homologado de Investigación”, Abel Galván Gallardo, Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, señaló que este encuentro permitirá hacer más efectiva la investigación de este delito.
Asimismo, enfatizó que el compromiso de PGR es cumplir de manera cabal con los términos que maneja la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.
Señaló que en febrero de 2018 se establecieron las nuevas figuras que maneja la ley para que la fiscalía especializada labore al respecto, así como la integración de un Comisionado Nacional de Búsqueda que ejecutará y trabajará en coordinación con las fiscalías, además del trabajo de integración de expedientes.
Por su parte, Alma Mata, Asesora Técnica del Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho de la GIZ, refirió que en esa organización están convencidos que para construir una paz duradera así como fortalecer el estado de derecho es indispensable saber atender a las víctimas además de darles acceso a la justicia.
Esta mesa de trabajo, dijo, fue pensada como un espacio para la generación de acuerdos en donde se pueda realizar una adecuada implementación del Protocolo Homologado de Investigación.
Durante dos días, titulares y fiscales de todo el país, especializados en la materia, acordarán y diseñarán estrategias en abono a la formulación del nuevo Protocolo Homologado de Investigación, con el que se busca generar acuerdos que lleven a una implementación efectiva, así como acordar estrategias de coordinación entre instancias del fuero común y la federación.
