En las elecciones presidenciales y legislativas de este año, un escenario estratégico de tensión se está configurando: la crisis de seguridad pública, interior, nacional, política y geopolítica perfila el colapso de la estabilidad del viejo sistema/régimen/Estado:
1.- La aprobación de la Ley de Seguridad Interior y su congelación por controversias presentadas.
2.- Los elementos que señalan que los cárteles del crimen organizado son un riesgo de seguridad interior, no nada más de seguridad pública.
3.- Las presiones de los EE.UU. para una mayor presencia militar estadunidense ante el desbordamiento de las acciones criminales.
4.- El video del Cartel Jalisco Nueva Generación con dos policías ministeriales de la PGR hincados y un comando armado de esa organización mostrando su poder con arrogancia, ante el pasmo de las instituciones de seguridad.
5.- Y las críticas electoreras de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional por cumplir sus funciones de estar atentos a las campañas de los candidatos para evitar sorpresas. En 1994 hubo la queja de que el CISEN se desentendió de la campaña priísta. Los candidatos actuales a la presidencia son un riesgo de seguridad nacional.
El principal dato del corto plazo dibuja la disfuncionalidad del viejo Estado de estabilidad social. Desde 1983 el Estado se olvidó de su papel social, político y estabilizador al abandonar sus funciones de conducción de una economía para el bienestar. La ruptura de los tejidos social, económico, político y de estabilidad fue responsabilidad del Estado y del PRI al alejarse de la sociedad en aras de la libertad de mercado, con el dato negativo de que instituciones del Estado en sus diferentes niveles prohijaron con su complicidad la construcción de los cárteles.
Este escenario de descomposición social, económica, política y de Estado ha trasladado las posibilidades de reconstrucción de la estabilidad a la Suprema Corte de Justicia con la atención de las demandas de controversia contra la Ley de Seguridad Interior. Si la Corte entiende la lógica del poder, entonces asumirá la responsabilidad de analizar la Ley de Seguridad Interior en su escenario estratégico: la seguridad del Estado y de la sociedad, la reorganización del aparato de justicia, la relación de seguridad nacional con los Estados Unidos, la estrategia de combate a los cárteles criminales y el tratado de comercio libre.
De los once ministros de la Corte, sólo uno tiene la capacidad del enfoque multidimensional de la seguridad; Eduardo Medina Mora es ex procurador, ex director del CISEN, ex embajador de México en los EE.UU. y Gran Bretaña y ex secretario de Seguridad Pública. De los demás ministros, sólo José Ramón Cossío y Fernando Franco González-Salas tienen un enfoque de Estado, los ocho ministros restantes llegaron por juegos de poder y sin tener una configuración del derecho como eje del Estado.
Si la Corte se equivoca en resolver las controversias contra la Ley de Seguridad Interior, el país quedará a merced de la seguridad nacional estadunidense y se enfilaría hacia una colombianización. La LSI tendrá la finalidad de redefinir el Estado y sus responsabilidades de seguridad más allá de la seguridad pública, la seguridad interior es la responsabilidad del Estado para garantizar el desarrollo y el bienestar y para afinar su escudo de seguridad nacional ante el acoso de Washington.
