El estado de Guerrero cuenta con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100 mil hombres, siendo la mortalidad más alta de homicidios en varones en el país. Este promedio sólo es superado por El Salvador y Cabo Oriental (103.5 y 102.9, respectivamente).

De acuerdo al periódico Reforma, Las cifras fueron registradas por el programa Métrica y Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington, que analiza información de 195 países. Los resultados definitivos serán publicados en septiembre.

Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico, de la institución declaró que debido a la violencia, la esperanza de vida de varones en Guerrero se acortó casi la mitad de un año en la última década. Esto también ocurrió a nivel nacional ante la ola de homicidios registrados entre 2011 y 2017.

“Cuando baja la esperanza de vida (en un grupo de personas) es todavía más impresionante. Las razones por las que puede bajar pueden ser epidemias, aumento de mortalidad infantil, hambrunas, guerras o incremento de homicidios en jóvenes”, señaló y advirtió que tomaría por lo menos cinco años volver a tener la esperanza de vida anterior, siempre que se reduzca el número homicidios.

En México, la esperanza de vida de los varones es de 72 años, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de casi 78 años.

PGR gasta 75 mdp en investigación de los 43

Por otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en los últimos 3 años ha gastado 75 millones 272 mil 43 pesos por investigar el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Esta es la inversión más grande realizada por la dependencia federal en este sexenio para indagar un asunto donde existe una presión internacional hacia México.

Como parte de la investigación, México aceptó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y solicitó el apoyo de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria. A todos estos organismos se les ha pagado.

Con la aprobación del GIEI, la PGR conformó un grupo colegiado de expertos en materia de fuego, en el que participaron el peruano José Luis Torero y la máxima autoridad en el tema, el estadounidense John DeHaan, para tratar de determinar si los estudiantes murieron en el basurero municipal de Cocula.