En busca de resolver la desaparición forzada de 10 personas, entre ellas dos menores de edad, por parte de elementos de la Marina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación al secretario de Marina, Vidal Soberón y al fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez para que se repare el daño a familiares y den con el paradero de las víctimas.

La CNDH documentó con quejas de familiares las desapariciones forzadas de personas entre 2011 y 2014 en Nuevo León y Tamaulipas, e inició los expedientes CNDH/2/2013/5320/Q/VG; CNDH/2/2013/5675/Q/VG, CNDH/2/2013/6067/Q/VG y CNDH/2/2014/4432/Q/VG coincidentes en los derechos violados y cometidos por las mismas autoridades.

Se indicó que aunque en los testimonios se citan a otras autoridades federales y estatales, la Marina figura en los cuatro expedientes.

“No se emite Recomendación al Gobierno del Estado de Tamaulipas, porque el Ministerio Público encargado de las averiguaciones previas que se iniciaron en Matamoros sí realizó las diligencias pertinentes para dar con el paradero de las personas desaparecidas”, aclaró la CNDH.

Por el contrario, en la Recomendación 11/VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos, se establece que existió una indebida procuración de justicia por el Ministerio Público con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por la dilación excesiva en integrar las averiguaciones previas y por no realizar una efectiva investigación.

En los diez casos se indicó que las víctimas habían sido detenidos por marinos, y que llevaron a cabo cateos sin orden judicial y con abuso de autoridad.

Desde la privación ilegal de la libertad de las víctimas y hasta el día de hoy no se han tenido noticias sobre su paradero.

En los escritos de las referidas quejas, dijeron que acudieron en los días posteriores a la detención de sus familiares, a las instalaciones de la Semar, Sedena, PGR, la PGJ-NL y el Semefo, sin obtener información sobre los agraviados

La CNDH recomendó al Secretario de Marina y a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inscribir a las 10 víctimas de desaparición forzada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y continuar su búsqueda.