A casi cuatro años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, familiares y organizaciones reclaman al gobierno dar con el paradero de los estudiantes, y como una línea de investigación falta indagar sobre los elementos de la Policía Federal que operaba en Iguala, Guerrero, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo a la información dada a conocer por el diario Reforma, un documento del primer año de labores del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, presentado en Washington por la relatora para México, Esmeralda Arosemena, se critica que no haya consignaciones por desaparición forzada, se acusa que hubo destrucción de pruebas y se insiste en esclarecer el papel que jugó el Ejército en los hechos.

“La CIDH considera importante que toda la plantilla de policías federales activa en la estación de Iguala en las fechas en que ocurrieron los hechos -26 y 27 de septiembre de 2014- sea investigada a profundidad”, indica el documento.

“Según información en el expediente, la mayoría de la plantilla de la Policía Federal que laboraba en la estación de la Policía Federal de Iguala, fue trasladada a otras unidades en el país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014”.

Por ello, la CIDH pide investigar la cadena de responsabilidades que decidió mover a ese personal de la Estación de Iguala, en momentos críticos de la investigación.

“Así como de la cadena de mando de la Policía Federal en el momento en que ocurrieron los hechos”, se lee en el informe.

Esmeralda Arosemena respaldó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas y llamó a las autoridades mexicanas a acatar el fallo.

“A la fecha no se ha realizado un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la ‘verdad histórica’, que el Tribunal ha señalado como una verdad insostenible; y en congruencia tiene que haber una nueva narrativa”, planteó.

“Hoy a más de tres años, el paradero de los estudiantes desaparecidos sigue siendo desconocido; siguen pendientes y abiertas una gama de líneas de investigación que deben profundizarse”.

Arosemena criticó que no haya ninguna persona consignada por desaparición forzada y consideró que no es válido el argumento de las autoridades mexicanas que señalan que otros delitos ofrecen una sanción mayor, pues destacó la importancia de establecer que se trata de un delito de desaparición forzada.