Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad presentada en noviembre de 2017, la infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer​ ​la​ ​Seguridad​ ​Nacional​ ​en​ ​términos​ ​de​ ​la​ ​ley​ ​de​ ​la​ ​materia.

Esta definición incluye los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía.

Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o trasferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que puedan ser consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional.

Por esta razón es que no puede tomarse a la ligera la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

Esto podría indicar que el servidor público que quiso desviar fondos federales para cuentas personales distintas del objeto para el que fue destinado, lo hizo de una manera burda y torpe que fue descubierto por la cantidad de veces en reproducir la tarjeta de un beneficiario.

No solo eso, sino que también evidencia la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano, cuando la semana pasada se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.

Esta vulnerabilidad en la infraestructura crítica de estas entidades financieras de gobierno podría replicarse en otras instituciones en donde se han presentado actos de corrupción y, por tanto, cabe la posibilidad de que estas vulnerabilidades sean deliberadas, a efecto de facilitar la realización de actos de corrupción en perjuicio del erario público.

Por tratarse de sistema informáticos a los que el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no posee algún procedimiento para inspeccionar sus movimientos, es que por ahora se hace difícil la detección de movimientos irregulares que puedan suponer la existencia de hechos que constituyan delitos patrimoniales en contra del erario público.

Esta podría ser una línea de investigación más en la confrontación entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se presume que hubo desvío de recursos públicos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus candidatos en la pasada elección local de 2016.

También esta misma vulnerabilidad en la infraestructura física podría ser la causa por la que la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no haya descubierto grandes movimientos de dinero con destino a las cuentas de los exgobernadores de Veracruz o Chihuahua, Javier Duarte y César Duarte, respectivamente o bien, para descubrir los activos financieros de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y neutralizar su poder corruptor.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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