México siempre ha sido un punto estratégico para la obtención de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos.

Preponderantemente la inteligencia estratégica que lleve por objeto preservar o garantizar los intereses estratégicos de nuestro vecino del norte, en temas de la agenda económica y de seguridad, principalmente.

En el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) prevaleció la obtención de información, en virtud que México tenía buenas relaciones con Cuba y, por tanto, era más que evidente el interés por predominar en la guerra fría de la que la posición geoestratégica de México lo hizo un actor preponderante, en una de las embajadas más numerosas en el mundo con que cuenta el Departamento de Estado norteamericano. Actualmente y después de su representación en Egipto, la embajada en México junto con sus Consulados en el interior de la república es la representación más numerosa en América Latina.

No es para menos, ya que de la relación bilateral con México podría depender la seguridad que fue vulnerada con motivo de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono en septiembre de 2001, en el que cambiaron las políticas de seguridad y se conformaron nuevos escenarios de seguridad nacional para México y para el mundo.

A partir de este momento la relación de los Estados Unidos con México tomó una importancia radical para su subsistencia.

Es posible que esta sea la razón para que el Acuerdo de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República que establece las normas que regulan la estancia temporal de los agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros que, en su país, tienen a su cargo funciones de policía, de inspección o vigilancia de la aplicación de leyes y reglamentos (Véase el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio de 1992), pueda tener vigencia.

Este Acuerdo pudo haber sido la respuesta del Gobierno Mexicano a la crisis con la estación México de la Drugs Enforcement Agency (DEA, por sus siglas en inglés) luego del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, de tal forma que las autoridades mexicanas tuvieron que ceder ante la presión política.

Al iniciar la administración del presidente Vicente Fox, se reanudaron las negociaciones en materia de inteligencia estratégica. No fue sino hasta la administración del presidente Felipe Calderón, en una de las peores crisis de seguridad, que Estados Unidos tuvo el pretexto perfecto para obtener el consentimiento para establecer oficinas de sus agencias de seguridad e inteligencia, con la objeción de la Defensa y Marina.

El edificio de Paseo de la Reforma en donde se asentó la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) aglutinó los agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro. Además, a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la agencia federal antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Esta OBI dejó de funcionar a partir de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero quizás el proceso electoral mexicano y la renegociación del TLC, haya reactivado la necesidad de continuar con la inteligencia estratégica suspendida, cuando de estos factores pueda depender en parte, los temas de la relación bilateral.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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