Mucho menos estudiantes…

¿Cómo sería la historia si la noche del 26 de septiembre de 2014 soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala hubieran detenido a los normalistas de Ayotzinapa por haber estado cometiendo delitos?

¿Qué hubiera pasado si los soldados hubieran intervenido contra la policía municipal de Iguala aquella trágica noche?

En el primer caso, estaríamos frente al peor momento del Ejército mexicano ante la sociedad por haber detenido a estudiantes. Pero de que, hoy, esos estudiantes estarían vivos no hay duda.

En el segundo, si los soldados hubiesen intervenido contra los municipales, entonces se hubieran violentado las leyes municipal, estatal y federal en torno a la participación militar ante otra autoridad.

El gobierno de Estados Unidos proporcionó a México conversaciones atrapadas a miembros del grupo Guerreros Unidos, con sus pares de Iguala, que viven y operan en Chicago. En estas conversaciones es claro que no fue el Estado el que mató y desapareció a los estudiantes.

Estas pruebas confirman que el Ejército ni tuvo responsabilidad, culpa ni mucho menos omisión al respecto. Los soldados de tierra, mar y aire saben bien que acciones contra el pueblo nunca. Saben bien que lo único que le pueden dar a la gente es apoyo, protección y seguridad, aunque algunas voces insistan en lo contrario.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43, insiste con la mentira de la participación y responsabilidad militar. El grupo que él encabeza ya pasó esta semana de ser denunciantes a ser violentos; Rosales sabe bien que se le acaban los argumentos para sostener sus mentiras, pero sobre todo se le acaban los argumentos para seguir haciendo mucho más desgraciada la vida de estas 43 familias, que al igual que las tres de los estudiantes de cine en Jalisco, no tuvieron siquiera la oportunidad de que les dieran un cuerpo que enterrar.

Parecería que este abogado sirve más a los intereses de los delincuentes que de las familias.

No se ha vuelto a escuchar la voz de algún integrante del GIEI en función de la culpa o responsabilidad militar esa noche, es decir, aunque en su informe final lo expresan, no le dieron ningún tipo de seguimiento, y eso que se supone que todos los que integran ese grupo son protectores de los derechos humanos.

Cobraron y se fueron.

Y vaya que cobraron bien.

Ganaron en 18 meses lo que un oficial gana en ocho años.

jibarrolals@hotmail.com
@elibarrola